El último informe sobre pobreza y exclusión en España arrojan cifras dramáticas: un 27% de los ciudadanos españoles están en el umbral de la pobreza y la exclusión. Son casi 13 millones de personas. En nuestra comunidad, el porcentaje se eleva al 35,8%. 390.000 de nuestros vecinos.
El estudio también advierte que las cifras han aumentado alarmantemente desde 2008. Cada año somos más pobres. Cada año aumentan las familias donde uno de sus miembros trabaja, sí, pero son pobres: deben sobrevivir con salarios mensuales de 400, 500 o 600 euros.
Estar en el umbral de la exclusión significa que hay familias que se sitúan en el límite del precipicio, que no pueden afrontar imprevistos, que tienen que acudir a un centro de reparto de alimentos para completar la cesta, que sus deudas pueden estar creciendo (recibos que no se pueden pagar, pedir prestado en la familia para tapar los agujeros crecientes…), que no pueden planificar un futuro, que tal vez estén amenazados de un desahucio, un corte de la luz, o del agua. Sus hijos deben renunciar a sus estudios al acabar la obligatoria, porque incluso con beca, no pueden permitirse enviarlos a estudiar a otra ciudad o costear el precio de los libros o los materiales. Estar en riesgo de exclusión es una tortura psicológica permanente, noches en vela y los que son padres, todo tipo de cuentos para que sus hijos no noten las carencias, las terribles incertidumbres, la desesperación.
12 millones de españoles. 390.000 extremeños. Eso sí rompe España. Eso sí nos fractura. Estos datos sí exigirían que en el gobierno de Rajoy o en nuestra Junta, alguien, aunque fuera el apuntador, hubiera dimitido por vergüenza ajena.
El gobierno, que tanto nos anima a sacar la rojigüalda a los balcones, no ha aprobado una mísera medida que ayude a paliar o mejorar la vida de esos 12 millones de compatriotas. En Extremadura, en julio, se retiraron dos millones de euros del Presupuesto destinado a la Renta Básica; una Ley, por otra parte, a la que se ha llenado de trabas administrativas para impedir que cumpla su función: dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión.
¡Qué mundo estamos construyendo! Guardemos en el baúl por un instantes ese trapo que llamamos bandera, sea la rojigüalda o la señera, y pensemos un momento: 12 millones de personas que viven en esta tierra, 390.000 ciudadanos extremeños, están condenados a la exclusión.