Aunque pueda haber quienes piensen que es una verdad de Pero Grullo, conviene recordar que cuando los impuestos que el gobierno obtiene de los ciudadanos y de las empresas son invertidos en un lugar geográfico concreto, no tiene nada de sorprendente, ni de milagroso, que dicho lugar disfrute de una mayor riqueza en comparación con el resto del país; y que, como resultado, otras regiones serán por ello relativamente más pobres. De tal suerte que lo que el capital privado no era capaz, o no deseaba invertir (fuera por la causa que fuera) lo acaba siendo, al fin y al cabo, por el capital privado; por capital extraído mediante la recaudación fiscal, o si se lleva a cabo mediante préstamos, mediante deuda pública, habrá de ser finalmente amortizado con cargo a nuevos impuestos que también en su día acabará soportando el contribuyente.
Ésta es la causa principal de que en España haya una inmensa cantidad del territorio (fundamentalmente la meseta) que podemos calificar como “la España vacía” en la que apenas vive el 20 por ciento de la población, siendo más del 80 por ciento del territorio nacional. Claro que, también hay otro motivo: el trato de favor, el trato preferente que da el gobierno a determinados empresarios y empresas de determinados territorios, convirtiendo tales actividades, de facto, en monopolísticas,
Durante siglos, también durante el régimen del General Franco, y por supuesto, en los últimos cuarenta y dos años, los diversos gobiernos han invertido inmensas cantidades de dinero en determinadas regiones españolas, que -¿Será casualidad?- coinciden con las más prósperas. A esas regiones ha llegado siempre, antes que al resto de España, todo lo que cualquiera pueda desear, y por lógica todas esas regiones disfrutan de más y mejor acceso a bienes y servicios estatales. Y para más recochineo, esas regiones gozan de privilegios fiscales, tanto para particulares como para empresas, lo cual implica que en muchos casos se hayan ido convirtiendo en “paraísos fiscales” frente a los “infiernos fiscales” del resto de España, cuestión que inevitablemente acaba influyendo negativamente en las regiones pobres, y así casi hasta el infinito.
En las últimas semanas ha sucedido que el Gobierno de Rajoy, ha decidido a través del organismo gubernamental, de nombre “Consejo Regulador del Cava”, impedir que fuera de Cataluña se pueda cultivar uva que pueda luego ser destinada a la fabricación de espumosos achampañados. Esta decisión caciquil afecta a lugares como Almendralejo (Badajoz), Valencia, La Rioja, Álava y Navarra y pretende impedir que en estas provincias aumenten la producción de “cava”, el vino achampañado, para así evitar que les hagan competencia a los cavas catalanes. Ni que decir tiene que al mismo tiempo se intenta apaciguar a quienes pretenden romper España por el nordeste.
Para saber qué hay detrás de la decisión arbitraria e injusta que ha tomado el Consejo Regulador del Cava, con el aval del Gobierno del PP, y el silencio cómplice del PSOE, Ciudadanos, Podemos y demás partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, es interesante observar cuál ha sido la evolución de la producción de cava en Almendralejo:
En el año 2004 el cava extremeño produjo 75.000 botellas; transcurrido un año, en 2005, se incrementó la producción hasta 300.000 botellas. Con solo 400 hectáreas plantadas se superaron los 2,8 millones de botellas en el 2014: semejante éxito, los productores extremeños de cava decidieron aumentar la superficie dedicada al cultivo de vides hasta 1.400 hectáreas… En el presente año, 2017, después de haberse incrementado la superficie dedicada al cultivo de vides destinadas a cava, se espera una producción de 6 millones de botellas.
El tremendo éxito del cava de Almendralejo hizo que se encendieran las alarmas del cava catalán, y el 2 de noviembre el Consejo Regulador, en manos de bodegueros catalanes en gran parte, pide al Ministerio de Agricultura que tome cartas en el asunto, para cortar el ascenso meteórico del cava extremeño. De forma absolutamente inexplicable, el Ministerio accede a las peticiones, prohibiendo la expansión de los cultivos durante los años 2018, 2019 y 2020. Como era de esperar la industria extremeña se ha puesto en pie de guerra....
Pero esta vez no fue la primera que los productores catalanes de cava han intentado frenar la producción de cava en Almandrelajo (Badajoz), pues a comienzos del presente año también lo intentaron, y en aquella ocasión, la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina rechazó tal pretensión.
La secretaria general del Consejo Regulador, Eugenia Puig, en las páginas del diario El Economista esgrimía el siguiente argumento, “actualmente, con el nivel de ventas que tenemos, no hace falta más producción en ningún caso. Si produjéramos más, lo único que se conseguiría es devaluar el producto”.
Son muchos ya los expertos en cava que afirman que el vino achampañado de Almendralejo es ya de superior calidad que el de Cataluña en muchos casos…
Es importante, también, indicar en qué partes de España se produce cava, y cuáles son las zonas que están sometidas a la supervisión del Consejo Regulador del Cava, con sede en Cataluña.
El reglamento del Consejo Regulador del Cava fue aprobado por Orden Ministerial el día 14 de noviembre de 1991 (BOE 20.11.91). La región denominada del “CAVA” comprende los municipios de las siguientes provincias españolas:
Provincia de Alava: Laguardia, Moreda de Alava y Oyón.
Provincia de Badajoz: Almendralejo.
Provincia de Barcelona: Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabanyes (les), Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, Font-Rubí, Gelida, Granada (la), Llacuna (La), Martorell, Martorelles, Masnou (El), Masquefa, Mediona, Montgat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostalets de Pierola, Pla del Penedès (El), Pobla de Claramunt (La), Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilasar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.
Provincia de Gerona: Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada y Blanes.
Provincia de La Rioja: Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela y Villalba de Rioja.
Provincia de Lérida: L’Albi, L’Espluga Calva, Lleida, Fulleda, Guimerà, Maldà, Rocafor de Vallbona, Sant Martí de Maldà, Tarrés, Verdú, Vilosell y Vinaixa.
Provincia de Navarra: Mendavia y Viana.
Provincia de Tarragona: Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Arboç (L’), Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Bisbal del Penedès (La), Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Catllar (El), Creixell, Cunit, Espluga de Francolí (L’), Figuerola, Garidells (Els), Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montbrió de la Marca, Montferri, Montmell, Nou de Gaià (La), Nulles, Pallaresos (Els), Perafort, Pira, Pla de Santa Maria (El), Puigpelat, Renau, Riera (La), Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Secuita (La), Solivella, Vallmoll, Valls, Vendrell (El), Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaverd y Vimbodí.
Provincia de Valencia: Requena.
Provincia de Zaragoza: Ainzón y Cariñena.
El reglamento del Consejo Regulador del Cava afirma que la densidad de plantación será obligatoriamente de 1.500 cepas por hectárea, como mínimo y de 3.500 cepas por hectárea, como máximo.
El mismo reglamento dice que “Para la autorización de nuevas plantaciones, replantaciones o sustituciones en terrenos o viñedos situados en la zona de producción, será preceptivo el informe del Consejo Regulador, a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente”. Lo cual implica que el Consejo Regulador no posee derecho de veto, de limitar la producción en ningún lugar sujeto a la denominación de origen “cava” y mucho menos a impedir que se planten nuevos viñedos. Su potestad únicamente es la de comprobar si las plantaciones siguen las normas en cuanto al tipo de vid considerada apta para luego convertirse en cava, supervisar la calidad del vino achampañado que se embotelle, llevar un registro de los lugares con plantaciones y de empresas productoras, y no mucho más…
Llama poderosamente la atención que la decisión de darle trato de favor al cava catalán por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, haya sido tomada al mismo tiempo que se producía la aprobación de lo que ya mucho denominan “el pufo vasco” y se anunciaba la posible aprobación de un régimen fiscal semejante para Cataluña. (Según el Diccionario de la Real Academia, pufo significa deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta y también estafa, engaño...).
Por supuesto, cualquiera que esté suficientemente informado de los pactos y componendas que se traman en el Congreso de los Diputados de España llega a la conclusión de que todo ello responde a la estrategia del PP de mantenerse a toda costa en el poder, traicionando a sus electores, para lo cual necesita conseguir como sea la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para lo cual necesita el apoyo de los que tienen como objetivo romper España.
De veras, es realmente increíble que aún haya quienes se crean que los dos partidos que se han turnado en el poder en los últimos cuarenta años –generalmente apoyados por los cacique y oligarcas de las vascongadas y Cataluña- defienden la Unidad de España y están a favor de que todos los españoles sin excepción, independientemente de donde nazcan o habiten, posean iguales derechos y obligaciones, accedan a los mismos bienes y servicios de los que gestiona la administración del estado.
Ante todo, ello, VOX vuelve a reiterar que lo mejor para crear riqueza, empleo, prosperidad, aparte de desmantelar el Estado de las Autonomías y recuperar el estado unitario, y por tanto la unidad de mercado; es que el Gobierno intervenga lo menos posible en la economía, no se entrometa en la iniciativa privada, disminuya las cargas fiscales, y tal como en asuntos de religión aplique aquello de la “separación iglesia-estado”.
