Siempre pensé, y de ahí haber militado en partidos regionalistas, que el estado de las autonomías contribuiría a que por fin las regiones pobres irían poco a poco convergiendo con las más ricas y las desigualdades serían cada vez menores. Pero mi gozo en un pozo, no sólo no ha sido así, sino que las brechas se han ido haciendo cada vez más grandes y, después de casi cuarenta años, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. El principio de solidaridad no ha funcionado y los diversos gobiernos del estado se han plegado a las ínfulas de las comunidades con más poder económico y, también, y gracias a una funesta ley electoral, con más poder político.
La mala gestión de las autonomías ha llevado a nuestro país a convertirse en una nación constituida por una especie de reinos de taifas donde una serie de reyezuelos y sus cortes correspondientes, al más puro estilo medieval, intentan ganarse el favor de los lugareños cual, si siervos de la gleba fueran, mediante dádivas en forma de subsidios, subvenciones y otras prebendas. Algunos de estos reyezuelos son tan osados que, aprovechándose de los complejos y debilidades del estado, amenazan con separarse unilateralmente del resto y así dejar de pagar los diezmos que, en justa correspondencia deben, por los servicios que se les ha prestado y presta a sus vasallos y que, en muchas ocasiones, se han gastado en aumentar el patrimonio de la “nobleza” o en jolgorios y francachelas independentistas.
La descentralización administrativa que se pretendía con el sistema autonómico se ha ido convirtiendo en una descentralización política donde cada comunidad hace de su capa un sayo y legisla a su antojo incumpliendo las directrices del gobierno e incluso yendo en contra de la Constitución. Los parlamentos y gobiernos autonómicos han catapultado a la mamandurria política a miles de personas con, en muchas ocasiones, sueldos disparatados que de ninguna manera justifican los servicios prestados a la comunidad. El número de funcionarios y de empleados públicos, especialmente en aquellas comunidades con tasas de paro mayores, se ha disparado para así contrarrestar la falta de iniciativa privada y la creación de empleo y riqueza. Todo esto ha traído como consecuencia un clientelismo político tan acusado que está viciando el propio sistema democrático.
Financiar las distintas comunidades para que éstas puedan prestar los servicios transferidos, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestro país. Como decía, la distancia económica entre unas autonomías y otras es cada vez mayor, y la capacidad recaudatoria y la presión fiscal son muy dispares. En Extremadura apenas se recauda un 10% de nuestro presupuesto autonómico, el resto debe venir del gobierno central y de Europa y, cada vez nos cuesta más esfuerzo ofrecer unos servicios básicos de calidad.
Cada cierto tiempo y de forma recurrente aparece en la escena política nacional el tema de la financiación de las distintas autonomías. Se trata de buscar las variables que deben pesar más a la hora de repartir los dineros públicos para asegurar que los ciudadanos vivan donde vivan tengan garantizados unos servicios básicos. Mientras las comunidades más pobladas insisten en un reparto acorde al número de sus moradores, las menos pobladas como la nuestra y con una gran extensión piden que se incluya el coste de la accesibilidad a los servicios como uno de los criterios del reparto. El acuerdo es complicado sobre todo cuando algunas comunidades siguen teniendo privilegios impropios del siglo XXI, me estoy refiriendo al sistema foral del País Vasco y del Reino de Navarra totalmente anacrónico en los tiempos que corren.
El estado de las autonomías está haciendo aguas por todos los lados. El coste de la descentralización administrativa es enorme si tenemos en cuenta que, para conseguir este fin, hemos dotado a las distintas comunidades de un entramado político de un coste altísimo y que no se corresponde en absoluto con el servicio que se presta a la ciudadanía. Se han duplicado e incluso triplicado organismos públicos que prestan los mismos servicios, invaden competencias y que suponen un gasto innecesario en infraestructuras y personal. Pero lo más grave es que las transferencias de servicios básicos, como la sanidad y la educación, están creando unas desigualdades entre unas comunidades y otras. Hoy en el acceso a la sanidad y a la educación de calidad hay españoles de primera, segunda y hasta de tercera división según cual sea su región de origen.
Trasladarse por motivos laborales o familiares de una comunidad a otra puede ser tan traumático como irse a un país extranjero o incluso más. Hemos hecho de lo diferencial lo fundamental. Aquí todos queremos ser distintos, tener lengua propia, historia propia, bandera propia, himno propio, etc. Lo que nos une como españoles que es un idioma hablado por más de quinientos millones de personas en el mundo, una historia que nos convierte en la nación más antigua de Europa y un mestizaje fruto del trasiego de nuestros antepasados y de nosotros mismos por todo el territorio nacional, ha quedado como algo mal visto gracias a una pandilla de paletos que han hecho bandera de su incultura.
El estado de las autonomías nos ha convertido a los españoles en más insolidarios, ha contribuido a aumentar el gasto público de forma disparatada y ha fomentado el secesionismo y la desigualdad. Nunca se debieron transferir las competencias de sanidad y educación, y ahora, quizás sea tarde para echar marcha atrás. Extremadura en pocos años no se podrá financiar si seguimos por los derroteros de la pureza y la castidad económica. La sanidad pública, la educación pública y las ayudas a la dependencia no se podrán prestar si seguimos apostando por mantener a miles de orondas cigüeñas en lugar de por industrias que creen riqueza y empleo.
Yo que siempre aposté por el estado autonómico me siento decepcionado porque, lo que en un principio se concibió para acabar con las desigualdades entre regiones y para facilitar el acceso a la administración de los españoles, se ha convertido en un foco de conflictos, gastos superfluos, mamandurria de unos pocos y clientelismo político que está viciando la esencia del estado de derecho.
DB
