Pantanoso tema éste de la judicatura patria, rodeado siempre de un halo de pudor y de un cierto temor a recibir sentencias al rebufo de los golpes de tambor del pueblo soberano. La justicia en España es, en muchas ocasiones, un compendio de frustraciones de ofendidos y ofensores o de víctimas y verdugos. La tercera “pata” del estado de derecho es cojitranca, se mueve de forma llamativa y exagerada, pero con pasos desacompasados. En resumidas cuentas, la administración de justicia en nuestro país funciona como los trenes extremeños: tarde, mal y nunca.
Mis conocimientos jurídicos son tan limitados que, no entraré en esta parrafada a analizar si los procedimientos y medios de nuestra administración de justicia son los más adecuados para que el personal se sienta amparado por un estado de derecho. Pero lo que sí haré, será exponer las sensaciones que me producen las consecuencias que se derivan de las actuaciones judiciales y de la inseguridad jurídica que trasladan al común de los mortales.
La principal característica de nuestra administración de justicia es su exacerbante lentitud. Cualquier procedimiento, por obvio que sea, requiere de unos plazos desmesurados y de obligado cumplimiento, aunque la finalidad de los mismos ya se haya cumplido. Es decir, si ponemos tres meses de plazo para entregar alguna prueba o documento, y esa entrega se realiza el primer día de ese periodo, pues nada, hay que esperar que pasen los tres meses para continuar con el procedimiento. Otro aspecto que también resulta curioso es el tiempo que transcurre entre la publicación de la sentencia y la ejecución de la misma, algo que, en mi opinión profana, deberían ir a la par. Para qué hablar del tiempo que se tarda en instruir un sumario, años y años, con jueces y magistrados sustituidos durante el procedimiento por las razones más peregrinas, lo que hace que, en muchas ocasiones, se vuelva a reiniciar, anulándose pruebas e incluso que, los testigos pasen a ser investigados (imputados antes) y los investigados pasen a testigos, ¡vamos!, una especie de esquizofrenia judicial.
También está el tema de los recursos a otras instancias, algo difícil de entender para los legos en esto de la jurisprudencia a los que nos resulta complicado discernir por qué, lo que para un juez es blanco, para otro es negro, cuando se supone que el sumario es el mismo y el código también. Los recursos benefician casi siempre a los más pudientes, que son los que pueden permitirse el lujo de apelar a otras instancias, los que no disponen de medios suficientes deben conformarse con que la parte contraria no apele si les han dado la razón o, tomarse con resignación la sentencia si ha sido en contra. No les digo nada si el litigio es contra la administración, entonces, si no se dispone de un buen peculio, hay que darse por “fornicados”. Eso de que la justicia es igual para todos es una patraña que queda muy bien como declaración de intenciones, pero la realidad es tozuda y, “el que tiene padrino se bautiza”, ya me entienden.
Lo de la independencia de los jueces es otro aspecto a analizar de nuestra justicia. El poder judicial es nombrado por el ejecutivo y el legislativo en proporción a unos resultados electorales o más bien al resultado de los pactos post-electorales, así que el número de sus señorías “conservadores” o “progresistas” dependerá del color del gobierno de turno y de los cambalaches que organicen los distintos partidos para conseguir sus cuotas en los órganos judiciales. Claro que si fueran los propios jueces los que nombraran a sus órganos directivos tampoco se garantizaría la tan anhelada independencia pues, las asociaciones profesionales desgraciadamente están tan politizadas como los propios partidos y, además, y lo que es más grave, jueces y magistrados no sólo militan en partidos, sino que, vuelven a la judicatura después de haber ostentados cargos políticos lo que, adultera gravemente la equidad e imparcialidad de sus señorías dando lugar a actuaciones y sentencias más que cuestionables. A lo mejor un sistema mixto era el menos malo, pero mucho me temo que nadie en este país está dispuesto a perder prerrogativas.
Nuestra justicia además no sólo se ejerce en juzgados y tribunales, cualquier medio de comunicación que se precie tiene a sesudos periodistas, tertulianos y hasta mamarrachos con toga dispuestos a dictar sentencias y a condenar o a absolver a cualquier personaje que haya tenido la gracia o la desgracia de merecer salir a la palestra. La presunción de inocencia no existe en España y el secreto de sumario es una quimera. Todo llega a las páginas y a los platós por su precio justo y, la difamación, la injuria y la calumnia se han sustituido por eso que llaman “libertad de opinión” de la que sólo, lógicamente, pueden hacer uso unos pocos elegidos. En el largo camino de la instrucción de un sumario, al pobre investigado ya le ha caído “la pena de telediario” y ha sido condenado las más de las veces por un populacho que, hábilmente cabreado por los “manejantes” de la opinión, está ávido por ver al reo de turno en frías mazmorras y vilipendiado.
Quizás lo que ocurra en España es que lo hemos judicializado todo y aquí se denuncia a diestro y siniestro. Los jueces y fiscales admiten cualquier “quítame allá esas pajas” sobre todo si afecta a ciudadanos cuyas ocupaciones tengan “proyección” y les puedan dar algún minuto de gloria. El pueblo soberano no puede vivir sin su dosis diaria de delito mediático en un país donde el cotilleo y la envidia son los deportes nacionales. Esta justicia nuestra nos está dando y nos dará grandes días de gloria, aunque a algunos les cueste la honra y a otros, la vergüenza.
DB
