La juez afirma en el auto que la delegada adoptó la resolución para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el derecho de los manifestantes
El auto establece que la resolución recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie para entregar sus reivindicaciones y, si no lo hicieron, fue por su exclusiva voluntad
La juez titular del juzgado número de cuatro de Badajoz ha dictado un auto acordando el archivo de las diligencias previas de la querella presentada por La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura al entender que, tras las diligencias efectuadas, los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna.
La querella había sido presentada por La Unión a raíz de la decisión de la delegada del Gobierno de modificar el recorrido de los tractores en la manifestación convocada el pasado 19 de diciembre de 2018. En esta querella se acusaba a García Seco de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra los derechos individuales y de coacciones. El auto desmonta en su argumentación todas y cada una de estas acusaciones.
En cuanto a la prevaricación administrativa, el auto reconoce que la delegada del Gobierno, una vez que tuvo conocimiento del informe emitido por la policía local de Mérida, ante la existencia de una situación de alarma antiterrorista de nivel 4 y la proximidad de las fechas navideñas, se vio obligada a actuar, tras el asesoramiento jurídico correspondiente, buscando garantizar el derecho de los manifestantes a exponer sus reivindicaciones pero también para proteger la seguridad de los ciudadanos. En el auto se establece no se puede atribuir ninguna responsabilidad a la delegada respecto a la tardanza en la emisión del informe policial; que no hubo intención de impedir el ejercicio de reunión y que esta resolución se hizo por parte de García Seco con una interpretación de la norma sobre una base razonada y suficiente; y que consideró adecuado dictar la resolución indicada asegurándose además de que llegara a conocimiento de la parte convocante pues se le notificó además de por vía ordinaria, a través de la Guardia Civil esa misma tarde.
Sobre una presunta actuación contra los derechos de los manifestantes el auto señala que la resolución del día 18 de diciembre, recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie hasta la Presidencia de la Junta de Extremadura para entregar sus reivindicaciones al Presidente y, si no lo hicieron, fue por su exclusiva voluntad. Entiende el auto que no se impidió el derecho de reunión y manifestación de los convocantes y que se les dio la oportunidad de entregar su tabla reivindicativa al Presidente de la Junta como habían comunicado que era su intención.
Por último, el auto desestima también las presuntas coacciones afirmando que ni se empleó, ni se ordenó que se empleara violencia de ningún tipo para impedirles el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación.
La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, se ha mostrado muy satisfecha por el archivo de la querella y ha valorado positivamente las consideraciones del juzgado sobre su proceder en aras de garantizar tanto el derecho de los manifestantes como, sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos.
