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Opinión-Editorial

La izquierda y el derecho a decidir de los catalanes

1 de Noviembre | 01:06
La izquierda y el derecho a decidir de los catalanes
Acierta y se equivoca la izquierda española en relación al problema catalán. Acierta (como, por otra parte, casi cualquiera que no esté ciego) al interpretar el conflicto como parte de la estrategia electoral tanto del gobierno como de los independentistas. Se equivoca, entre otras cosas, al presuponer el derecho a una consulta soberanista en Cataluña.

Lo primero es fácil de ver. Como dijo Errejón hace unos días, Rajoy y Mas parecen estar dirigiéndose mutuamente la campaña electoral. Ambos se necesitan. Ni el gobierno ni el frente independentista catalán (ese extraño pacto anti-capitalista-liberal liderado por Convergencia, Esquerra y la CUP) están en su mejor momento. ¿Qué mejor que renovar el ardor patriótico de los votantes para recuperar fuerzas? No es ninguna casualidad que a las provocaciones de los independentistas en el Parlamento catalán les acompañe la difusión casi ininterrumpida de los vericuetos del caso Pujol, o de las comisiones del 3% con que se ha estado financiando el partido de Mas. Partido Popular e independentistas buscan con descaro la provocación. El Partido Popular, que no va a despegar electoralmente vendiendo sus presuntas hazañas con la prima de riesgo, necesita presentarse como el sólido contrafuerte de la unidad de España. Y los independentistas, incapaces de convencer a más catalanes de las ventajas de cambiar de estado, no tienen otra que excitar el sentimiento patrio con un desencadenante infalible: los agravios del Estado español. Al PP y a los independentistas les vienen de perlas tanto las amenazas veladas de Rajoy como las apariciones teatrales de Más (e incluso Pujol) en los juzgados. Es la perfecta armonía de los contrarios. Si la jugada les sale bien, el PP podría volver a gobernar en España (probablemente con Rivera), y Cataluña podría acabar de ser, en no mucho tiempo, propiedad exclusiva de la burguesía catalana que la gobierna desde hace siglos (a los de la CUP siempre le quedará el consuelo de que, puestos a soportar capitalistas, mejor que sean autóctonos –amén de las competencias en auxilio social y en cultura republicana, que seguro que, en señal de agradecimiento, se las dan a perpetuidad —).

Ni que decir tiene que, de todo este cambalache político, quién sale más perjudicada es la izquierda. Ni el conflicto independentista le beneficia en España (en donde da votos al PP y a Ciudadanos –mucho más que al PSOE y a su fantasmagórica propuesta federalista-), ni tampoco en Cataluña, donde la izquierda no independentista casi ha desaparecido, y la independentista se inmola en aras de la Patria (y de las huestes de Convergencia que, de un modo u otro, van a seguir en el poder). La apuesta de Podemos e Izquierda Unida por condescender con el independentismo solo les acarrea el desprecio de la izquierda patriótica catalana (que no quiere condescendencias, sino la independencia y lo más rápido posible), y la incomprensión en el resto de España.

Además, la izquierda española se equivoca al defender el derecho a un referendum soberanista en Cataluña. Se equivoca estratégicamente (porque ni siquiera los independentistas están ya en esa fase del proceso – hace apenas unas semanas que han votado, de hecho, en un referendum que ya era secesionista, y que no les ha salido bien – ). Y se equivoca, también, y sobre todo, políticamente, asumiendo el presunto derecho de los catalanes a decidir si quieren romper con España e instituir un estado propio.

Es pura demagogia y una completa falacia afirmar que en una democracia todo está sujeto al escrutinio de los votos. En ningún Estado democrático hay derecho a votar contra el propio marco jurídico que representa el Estado (y que es el que te permite votar). Para romper con el Estado hay que salirse de él y, por tanto, también del derecho. Así que no, no cabe legitimar con la ley la ruptura con la propia ley. Si así fuera, yo y unos cuantos colegas docentes también exigiríamos el mismo derecho a votar si abandonamos o no el sistema educativo y hacemos uno nuevo. O yo mismo exigiría mi derecho a decidir independizarme en mi propia casa, como reza la publicidad de una conocida marca de muebles. ¿Por que no habríamos de tener ese derecho yo, o un grupo de amigos, si lo tienen un grupo de catalanes? ¿Qué tiene la catalanidad que no tengan unos mismos principios educativos, o una personalidad tan coherente que no quiera seguir sino sus propias normas?

El ejemplo paradigmático de esta falacia de afirmar el derecho a acabar con el derecho es el presunto derecho a votar y decidir sobre la propia soberanía. ¿Cómo se puede votar la soberanía, si es ella misma la que legitima tu voto? Es tan absurdo como querer decidir con los votos si hay que decidir las cosas votando. Si los catalanes se suponen a sí mismos soberanos para votar o decidir su propia soberanía, ya no hace falta que voten: ya se han concedido la soberanía a si mismos antes de empezar a votar nada.

Como afirmaba Kant, el “derecho a la rebelión” es una contradicción en sus términos. No hay ninguna ley que ampare saltarse la ley. Lo que hay son rebeliones a secas. Y una rebelión no puede ser, por principio, legal. Lo que sí puede ser es legítima o justa, o ilegítima y por la fuerza. Pero la legitimidad en el caso del independentismo catalán depende de que nos convenzan de cosas (tan peregrinas) como que los pueblos son entidades soberanas detentadoras de derechos (más o tanto que los individuos), que la identidad de las personas está en la lengua que hablan (en lugar de en lo que dicen y piensan con ella), o que Cataluña es una colonia del Imperio español (en vez de ser y haber sido los españoles, muchos y durante mucho tiempo, emigrantes – y vendedores de materias primas, y compradores de manufacturas—  en la gran metrópoli catalana). Si no nos convencen de todo esto (como parece que no es el caso), a los independentistas solo les queda el recurso a la rabieta y a la fuerza: el chantaje político, la provocación victimista, la demagogia y la manipulación elevadas a la enésima potencia. Y, finalmente, el golpe de estado sobre la mesa del Parlamento. Saben de sobras que nadie va a sacar los tanques a la calle. Entre otras cosas porque eso, también, les vendría que ni pintado.


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