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Opinión-Editorial

La Extremadura rebelde contra la expropiación de sus bienes comunales

31 de Mayo | 11:27
La Extremadura rebelde contra la expropiación de sus bienes comunales
Para explicar por qué la Extremadura actual se sitúa a la cola de Europa en niveles de empleo o riqueza, muchos preferimos huir de condenas a un supuesto espíritu indolente, atrasado u holgazán de sus gentes. Ese lamento, en realidad, muestra la estrechez de miras o la pereza intelectual de quien lo hace, y se desmiente con facilidad mirando tantos ejemplos de lo conseguido por extremeños y extremeñas lejos de sus pueblos, siguiendo los penosos caminos de la emigración, o recordando cómo actuaron en momentos en los que su tierra pudo cambiar, como aquel 25 de marzo de 1936, cuando decenas de miles familias ocuparon los latifundios, como último paso en una lucha que se llevaba desarrollando durante más de un siglo.

Y no, no se pusieron, mal que le pese a alguno de aquellos a los que me refería unas líneas atrás, a rellenar formularios de subvenciones de la UE: se lanzaron, sin más ceremonia, a cultivar las tierras ocupadas, desde el primer rayo de sol del primer día.

Y aquí está la clave. Los prejuicios que se nos imponen desde fuera -y que no pocas veces acabamos asumiendo los propios extremeños- se curan conociendo nuestra historia. Esto podría parecer sencillo, porque la Junta debería, en teoría, esforzarse por que saliésemos de los colegios con unas nociones mínimas de nuestro pasado colectivo. Pero no.

Así que no queda otro remedio que investigar en archivos y colecciones académicas para confirmar hasta qué punto los dos últimos siglos han sido nefastos para los extremeños y cómo nuestros antepasados, recientes y no tanto, lucharon por un futuro mejor para nuestra tierra, o al menos no tan negro.  A mediados del s. XIX culminó el proceso de reforma agraria liberal, lo que significó el fin de un gran número de bienes comunales y derechos colectivos sobre las grandes propiedades que existían en Extremadura desde tiempos de la reconquista. Baldíos, dehesas boyales, bienes concejiles, tierras municipales y otros elementos colectivos que servían de sustento para las familias fueron expropiados, lo que produjo legiones de extremeños sin tierra.

Estas reformas, hechas desde el poder urbanita de Madrid, que la conducían a la miseria y a la muerte, no fueron aceptadas dócilmente por la población. De hecho necesitaron una intervención constante del Estado en nuestros pueblos. Aún quedaban muchas décadas para el movimiento de las federaciones de sindicatos campesinos de principios del s. XX, pero a lo largo del XIX se sucedieron episodios de rebeldía por toda Extremadura. Por ejemplo, en otoño de 1868 un grupo de campesinos de Jerez de los Caballeros (Badajoz) sorprendió al duque José María Pérez de Guzmán, un riquísimo propietario que se había hecho aún más rico aprovechando las privatizaciones de la reforma agraria liberal. Lo secuestraron y le obligaron a firmar ante notario la cesión de una de sus dehesas al pueblo.

Pese a lo drástico de la acción, lo cierto es que normalmente los campesinos estaban convencidos de que su rebeldía no sólo era legítima, sino también legal: defendían la “recuperación” de unos derechos y bienes históricos y colectivos. Como apunta el catedrático de la UEx Fernando Sánchez Marroyo (1), pensaban también que “la propia irregularidad que había presidido la desaparición de los derechos concejiles, la usurpación, anulaba lo hecho en ese terreno”. El “triunfo del individualismo posesivo” en nuestros campos no había borrado de la memoria de los extremeños“ni ancestrales tradiciones de aprovechamiento comunal ni la conciencia de que las nuevas situaciones patrimoniales privadas tenían su origen en el antiguo caudal rústico concejil”. Es decir, frente a unas reformas hechas desde lejos, en Madrid, para el disfrute de una pequeña oligarquía ante el asfixiamiento de las capas populares, los extremeños se lanzaban a defender lo que había sido suyo durante siglos.

Las cosas eran algo diferentes aquí con respecto al optimismo que las reformas liberales podían causar en las grandes ciudades. Mientras allí la pelea era sobretodo por la libertad de imprenta, de culto o de sufragio universal, en Extremadura ese lote de ideas progresistas traía aparejada, por contra, la extensión de la propiedad privada, que en la práctica se tradujo en menos libertad, ya que la oligarquía se hizo aún más fuerte. En diciembre de 1868 un grupo de vecinos de Villanueva de la Vera, por ejemplo, lanzó un manifiesto defendiendo una República Federal. Un año siguiente otra proclamación republicana pedía crear comités en todos los pueblos. Pese a estas declaraciones, “en el mundo rural, dominante en Extremadura, la cuestión se percibía en términos menos abstactos. Frente a las grandes declaraciones, el interés por lo concreto”. Y lo más concreto era la tierra y su propiedad. “La idea del reparto estaba enraizada en la mentalidad popular”, insiste Marroyo.

Como ocurriría unas décadas más tarde, la lucha de los campesinos extremeños en la segunda mitad del siglo XIX pronto fue conocida en toda España. Los vecinos realizaban repartos de bienes o destruían “símbolos de la apropiación privada del suelo”, como paredes o edificaciones. En muchas ocasiones, las autoridades locales se veían desbordadas por los habitantes de un pueblo -cuando no sustituidas por otras elegidas por “aclamación popular”- y se ponían al frente de la protesta y a tratar de legalizar lo hecho. Marroyo considera que con estos actos “se estaba llevando a cabo, aunque de forma primitiva, una verdadera revolución agraria, invirtiendo por la fuerza en favor de los desposeídos el sentido del proceso movilizador de la propiedad rústica que había tenido lugar a lo largo del XIX”. De nuevo, nuestra constante, siglo tras siglo: la tierra, siempre la tierra, y su reparto justo como base para nuestro desarrollo. Conocer todos estos episodios es crucial, para desterrar prejuicios pero también para pensar qué hacemos con nuestra Extremadura en un tiempo en el que la plana mayor de la política autonómica va al aeropuerto de Badajoz a recibir, con honores, a un jeque árabe que ahora se ha unido a nuestra larga y secular lista de terratenientes, como si con él llegara el desarrollo. Bien pensado, quizá no nos enseñan nuestra historia en la escuela porque nos interpela demasiado en el presente. Y nos quita demasiadas vendas.

(*)  “Violencia campesina, impotencia pequeño-burguesa y reacción conservadora”, por Fernando Sánchez Marroyo (Anales de Historia Contemporánea, 1994)


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