La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, que el Gobierno regional va a proponer la elaboración de la primera Ley Antisoborno en España porque, según ha manifestado, “necesitamos una ley que defina delitos y ataque la corrupción desde el origen”. Esta propuesta será defendida en el Parlamento extremeño a través de una propuesta de pronunciamiento y cuenta con nueve puntos.
Con la clara intención de “dar un paso más allá contra la corrupción”, el Gobierno regional ha anunciado esta mañana la propuesta de elaboración de la primera Ley Antisoborno en España. Así Teniente ha expuesto que “necesitamos una ley que defina delitos y ataque la corrupción desde el origen. Una ley que condene al que lo acepta y al que lo ofrece. Lo importante es cercar a los corruptos y limpiar la sociedad de la corrupción”.
La Ley está compuesta por nueve puntos entre los que destaca la expulsión "inmediata" a los acusados de soborno como "obligatoria" en partidos políticos, patronal y sindicatos; así como que contemple que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con "todos" sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.
Además, recoge que el soborno en España debe estar penado “hasta con 10 años de cárcel” ya que actualmente la pena en España es de 3 a 6 años entre particulares al igual que el cohecho. Otro de los puntos indica que el plazo de la prescripción del soborno debería ampliarse de los cinco años actuales a los 10 años que es el siguiente nivel que contempla el Código Penal.
Teniente ha resaltado que hay que “dotarse de medidas necesarias y preventivas para que todo el mundo se conciencie” y ha añadido que “la corrupción se combate entre todos y nunca mirando para otro lado. La ley debe afectar a todos por igual”. "Debemos dar un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho. Debemos entre todos limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga y debemos dotar para ello de los instrumentos con los que cuentan los países más desarrollados en el mundo para hacerlo", ha añadido.
La vicepresidenta ha señalado que “hay que actuar de forma contundente con carácter preventivo” porque esta Ley “refleja un clamor entre los ciudadanos que nos están diciendo que hay que implementar medidas contra la corrupción y para ello necesitan respuestas inmediatas”.
Por todo ello ha considerado que la lucha contra la corrupción es "un asunto de estado” en el que hay que trabajar "de forma contundente", al tiempo que ha incidido en que para hacer todas las medidas propuesta "posible" el poder judicial "necesita de financiación adecuada, de los medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas contra la corrupción".
"Nuestros principales jueces no pueden llevar cinco años para el desarrollo de todo el procedimiento en los casos de corrupción, u ocho años en algunos casos, cuando esto en algunos países de nuestro entorno es inimaginable", ha recalcado Teniente, quien ha añadido que España está "muy por debajo" de la media europea de jueces por habitante.
Teniente ha anunciado que en las próximas semanas el Ejecutivo de Extremadura será "el primer" gobierno en España que presentará su política "interna antisoborno", en la que según ha dicho "ya se está trabajando intensamente" y que "será pionera". "Hay que erradicar y combatir este tipo de prácticas, a los corruptos en todos y cada uno de los frentes, de todos los colores".
Entre los nueve puntos de la Ley también se contempla que todos los trabajadores, desde los máximos representantes hasta el último empleado, de las entidades incluidas en la Ley Antisoborno deberían firmar una "declaración responsable". Con su firma, además de comprometerse a cumplir la ley, tendrán la obligación de contactar para cualquier duda o sospecha de algún posible caso con el departamento legal u organismo competente.
Además, apuesta por que el soborno declarado por sentencia firme conlleve la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito.
Igualmente, defiende el Gobierno autonómico que todas las instituciones públicas, partidos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y privado asuman la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno.
