El Eurogrupo examinará en su reunión de este lunes todos los dictámenes de la Comisión sobre los presupuestos de los países de la eurozona para el año que viene y adoptará conclusiones. Los casos más preocupantes este año, según Bruselas, son los de Francia, Italia y Bélgica, a los que los países de la eurozona reclamarán más recortes y reformas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha decidido dar a los tres países una prórroga de tres meses, hasta marzo de 2015, antes de pasar a las sanciones.
En el caso de España, el dictamen de la Comisión solicitando más ajustes en 2015 ha encontrado un "fuerte apoyo" entre el resto de estados miembros, según ha informado un alto funcionario comunitario. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, rechaza nuevos recortes y sostiene que España cumplirá el objetivo porque el crecimiento el año que viene será el que prevé el Gobierno (2%) y no el que calcula Bruselas, que es más pesimista (1,7%).
El dictamen del Ejecutivo comunitario examina el impacto presupuestario de la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015 y su conclusión es que está infrafinanciada. "Aunque la reforma fiscal prevista implica una cierta simplificación del sistema impositivo, no resulta neutral desde el punto de vista de los ingresos y podría hacer más difícil el saneamiento presupuestario", señala la Comisión.
Bruselas considera que la rebaja en el impuesto sobre la renta debería haberse compensado con un mayor recorte de gastos o con una subida del IVA reducido. Además, también cuestiona el impacto de la reforma en términos de empleo. "Las medidas podrían tener un efecto positivo en el empleo, pero su impacto podría haber sido mayor de haberse centrado más en la disminución de los costes de la mano de obra mediante la reducción de las cotizaciones sociales", apunta.
La Comisión también considera excesivamente optimistas las previsiones de contención del gasto público del Gobierno español, en particular a escala autonómica y local. En este sentido, Bruselas critica que el ministerio de Hacienda no esté aplicando con rigor la ley de estabilidad presupuestaria para garantizar que los Gobiernos regionales cumplan con el déficit.
