El proyecto de Ley de Servicios Sociales enfrenta en un cruce de declaraciones a las diputadas Rosiña (PSOE) y Rosa (PP)
2 de Enero | 15:33
Redacción
Rosiña y Rosa, dos formas de contemplar y de explicar la misma realidad, dos portavoces de partido, dos diputadas en el Parlamento de Extremadura y, en definitiva, dos mujeres que este día, 2 de enero del año 2015, se asoman de nuevo a las ventanas de la actualidad extremeña para volver a discrepar. Esta vez sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales.
Un proyecto de ley que, según lo previsto, se tramitará en el Parlamento de Extremadura durante este primer mes del nuevo año.
Isabel Gil Rosiña, portavoz del PSOE de Extremadura, le pide a José Antonio Monago, presidente del Gobierno regional, que retire el texto y abra una mesa de diálogo con el resto de fuerzas políticas y con los profesionales y organismos implicados en el sector para consensuar la nueva norma.
Francisca Rosa, portavoz del PP de Extremadura, asegura que la nueva ley de Servicios Sociales es fruto del "consenso" y del "diálogo" con "todos" los agentes implicados en el ámbito de los servicios sociales de la región, que han hecho sus "aportaciones" para "enriquecer" el texto inicial.
Rosiña le pide al Gobierno extremeño que "rectifique" y que no haga esta ley, vigente desde 1987, "de espaldas a quienes va a afectar".
Rosa asegura que el Gobierno de Monago "avanza con paso firme y decidido" en materia de legislación social con esta ley.
"¿Cómo puede traer una ley de servicios sociales de base sin hablar con los municipios, con la Fempex, donde son un instrumento fundamental, porque puerta de entrada de desigualdades y problemas para que se les resuelva?", se ha preguntado Gil Rosiña en una rueda de prensa en Mérida que ha sido recogida por la agencia Europa Press.
Francisca Rosa agradece a los técnicos de los distintos departamentos de la Administración pública relacionados con asuntos sociales el trabajo realizado en la elaboración de este proyecto de ley, así como las aportaciones de los colectivos del Tercer Sector, de los sindicatos, de la Confederación Empresarial extremeña, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, y de los colegios profesionales de trabajadores y educadores sociales.
Rosiña reconoce que el PSOE elaboró, en la legislatura anterior un proyecto de Ley de Servicios Sociales de Base a través del "diálogo social y político con todos los interlocutores necesarios. Pero culpa al PP de haber dejado el proyecto "en los cajones" cuando llegó al Gobierno y pretender ahora, al final de la legislatura, como se desprende de sus palabras, algo que ni siquira intentó el PSOE: aprobar con "prisas" un proyecto nuevo, con el que, añade, "pretenden legislar de espaldas al diálogo social y político".
Rosa afirma que el objetivo del Gobierno de Monago de aprobar esta ley es "un ejercicio de responsabilidad", porque la legislación actual, que está vigente desde el año 1987, se ha quedado "obsoleta"; incluso ya lo estaba así cuando el socialista Guillermo Fernández Vara llegó al Gobierno de la región. "Nada hizo por atender esa demanda de los colectivos sociales extremeños. Suponemos que fue porque entonces no era una prioridad pese a que se comprometió a impulsarla", ha sentenciado la portavoz del PP, según informa la agencia Europa Press.
Según Rosa, y en Extremadura, con el Gobierno del PP, se está "pasando de aplicar una política de mera asistencia, a una política en la que se reconocen derechos sociales". "Gracias a este intenso trabajo los extremeños pasarán de tener una ley de primera generación a tener una ley de tercera generación, en la que se tipificarán las prestaciones, se delimitan las competencias y se coordinan a todos los agentes implicados", afirma la portavoz popular que pide a las demás fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Extremadura, especialmente al PSOE, que mantengan el "consenso" y el "diálogo" que ha "inspirado" el texto "desde el principio”.
Asimismo, ha señalado que la Ley de Servicios Sociales será una realidad "gracias al compromiso del Gobierno del PP", al igual que ocurrió con la renta básica de la que actualmente se "benefician más de 7.000 familias".
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