El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado, en su primera sesión de este año 2015, el proyecto de Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos. Será la primera ley de este tipo que se apruebe en España e impedirá, entre otras irregularidades, que integrantes de un gobierno que está en funciones convoque oposiciones para cargos en la administración regional y se presenten a ellas, como hizo la exconsejera de Sanidad en el último Gobierno del PSOE.
El texto aprobado en el primer Consejo de Gobierno de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, es garantista al máximo, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Cristina Teniente. El proyecto de ley, afirma la vicepresidenta, ya tiene el visto bueno del Consejo Consultivo extremeño, y será remitido inmediatamente al Parlamento de Extremadura para su aprobación, con el fin de que esté en vigor cuando se convoquen las próximas elecciones autonómicas, que se espera sean convocadas a finales del mes de marzo, tras lo cual el Gobierno de Monago pasaría a estar en funciones.
ESTADO REAL DE LAS CUENTAS
El Ejecutivo autonómico impulsa esta normativa con el objetivo prioritario de que todos los extremeños conozcan en qué condiciones comienzan y finalizan su mandato los gobiernos de la región. La futura ley permitirá “conocer el estado real de las cuentas de la región una vez que un gobierno termina su mandato", pues se pretende "garantizar la transparencia en la gestión económica gobierne quien gobierne”. Se trata de saber “qué políticas se han implantado realmente en una legislatura, qué recursos se han destinado a las mismas y el estado de ejecución de las medidas anunciadas por un gobierno, la evaluación de las medidas y lo que han costado a las arcas públicas”, afirma la vicepresidenta.
Pero el Gabinete que preside Monago quiere ir más allá y el proyecto de ley prohíbe expresamente “una serie de conductas poco ejemplares”, impidiendo así que un gobierno en funciones pueda convocar oposiciones o nombrar tribunales para las mismas. El texto incluye una disposición adicional que modifica la Ley del Estatuto de Cargos Públicos, estableciendo limitaciones a su concurrencia en los procesos selectivos de personal convocados por la Administración.
Con esta ley se pretende prohibir que los altos cargos se presenten a los procesos selectivos convocados por su propia Administración. Si la persona que se ha presentado a la oposición para cubrir una plaza como funcionario en la Administración es nombrada alto cargo antes de conseguir la plaza, deberá presentar su renuncia a participar en dicho proceso selectivo.
E proyecto ley prohíbe expresamente que durante los dos años siguientes a su cese como cargos públicos, las personas que han desemeñado esa función puedan concurrir a los procesos selectivos convocados por ellas mismos o por sus superiores, con el fin de evitar “casos como los que se han dado en esta Comunidad en el pasado”, afirma Cristina Teniente refiriéndose de forma velada al 'caso Mejuto'.
Como es conocido, la doctora María Jesús Mejuto era consejera de Sanidad y, además, estaba en funciones por finalización de la legislatura, en el último Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, cuando su departamento convocó unas oposiciones en el sitema sanitario autonómico. Además de en la convocaroria de las oposiciones, como consejera, la doctora Mejuto tuvo responsabilidad y relación político/administrativa en la designación del tribunal que examinaría a los facultativos aspirantes a las plazas. Y a pesar de ello, la doctora y en el momento del examen ya exconsejera Mejuto se presentó a las oposiciones y obtuvo una nota altísima (9,33 sobre 10), muy por encima de la conseguida por el siguiente aspirante que aprobó la prueba. Sólo ocho opositores sacaron una nota superior al 5.
TRES PUNTOS CLAVES
Con este texto “Extremadura se sitúa de nuevo en primera línea en transparencia”, asegura la viceresidenta, quien ha destacado tres puntos claves de la trasición intergubernamntal, que “hasta ahora no estaban suficientemente regulados”: la acción del Gobierno tras el cese del presidente, el traspaso de poderes y el proceso de formación del nuevo gobierno.
El texto está inspirado en los siguientes cuatro principios rectores: “mínima intervención, neutralidad política, lealtad y colaboración, e información y transparencia”.
Con el principio de mínima intervención, afirma la vicepresidenta, se pretende, entre otras cuestiones, que la acción de un gobierno en funciones se limite a tareas de “despacho ordinario” salvo cuestiones de urgencia que estén avaladas por el Consejo Consultivo.
Con la neutralidad política se trata de evitar que un gobierno en funciones pueda tomar decisiones que condicionen la acción del gobierno entrante, mientras que mediante el principio de lealtad y colaboración se pretende establecer un mecanismo para regular toda la documentación que se debe elaborar de cara al periodo de transición, así como la necesidad de que haya un inventario de la misma.
Con la información y la transparencia se pretende que cada centro directivo informe de forma exhaustiva del estado en que se encuentren los archivos, los asuntos pendientes, así como el grado de ejecución del presupuesto correspondiente.
En definitiva, lo que se pretende con este proyecto de ley es que el proceso de transición entre gobiernos sea “modélico, honesto, transparente y que ofrezca seguridad jurídica”, sin “sorpresas y trucos de última hora” y para que toda la información “esté encima de la mesa”, ha declarado Cristina Teniente.
