Es comprensible que quien está enfermo haga todo lo posible por curarse al precio que sea. Se comprende que sus familiares, amistades, vecinas y vecinos, paisanas y paisanos y gente siempre dispuesta a apoyar las buenas causas que hacen ruido en la calle apoyen a las personas enfermas.
Especialmente si la enfermedad es tan grave como la hepatitis C, para la que, hasta hace muy poco tiempo, el año 2013, no existía un tratamiento realmente eficaz y con altas tasas de curación. Se está hablando del 90% de los casos.
Lo que no resulta tan fácil de comprender es que los enfermos de hepatitis C, sus familiares, vecinas y paisanos se manifiesten por las calles a golpe de megáfono reclamando un fármaco en concreto para esta enfermedad y exigiendo que ese fármaco, que tiene nombre, fabricante y precio, se le administre a todos los enfermos.
Siempre hubo personas que llegan a la consulta médica solicitando que se le recete el producto que ella misma considera más adecuado para su padecimiento. Y no ya como principio activo en su versión de fármaco genérico, sino con una marca y hasta una presentación determinada. Hasta el punto de que si el laboratorio, por cualquier motivo, ha cambiado el color o el tamaño de la caja, el paciente puede recelar y creer que le están dando ácido acetil salicídico en vez de aspirina.
Pero lo que está ocurriendo con la ‘píldora milagrosa’ contra la hepatitis C es algo nunca visto. El paciente ya no se limita a solicitarla al médico en la consulta; se manifiesta en masa ante las puertas del hospital para exigírsela a la Administración.
Es una situación kafkiana. Los pacientes convertidos en doctores recetándose a sí mismos en las puertas de los hospitales. Si quienes padecen artrosis o cefaleas o diabetes o cáncer o Sida hiciesen lo mismo, todos nos ahorraríamos mucho dinero. No necesitaríamos hospitales, salvo las puertas para manifestarse, ni médicos, ni personal de enfermería, ni costosos aparatos, como el FibroScan, ni, por supuesto ministros, consejeros o directores generales de Salud.
Todo el sistema sanitario, extremeño y español, que tanto dinero ha costado poner en marcha y tantos millones de euros cuesta mantener, podría eliminarse de un plumazo, porque para curar a los enfermos de hepatitis C, o de lo que fuese, bastaría con los laboratorios que producen y venden los fármacos y con los enfermos, familiares, amigos, vecinos y aliados de las buenas causas con ruido que se los recetasen.
Y si las manifestaciones que reclaman la pastilla estuviesen teniendo lugar en una región y en un país que se niega a suministrarle ese fármaco en concreto, por lo carísimo que es en países como España y Estados Unidos, todavía podría verse en el megáfono una reclamación fuera de quicio, pero una reclamación con cierta lógica.
Pero cuando se están incorporando esa ‘milagrosa pastilla’ y otros fármacos de última generación desde el momento que están aptos para aplicarse, cuando se dan garantías de que nadie se quedará sin su tratamiento por un problema de costes, cuando se anuncia que se incorporarán al vademécum los futuros fármacos contra la hepatitis C tan pronto como los autorice la Agencia Española del Medicamento, cuando acaba de comprarse el segundo FibroScan, un aparato utilizado en las exploraciones hepáticas, para que haya uno en Cáceres y otro en Badajoz, cuando los expertos –médicos y farmacéuticos- en fármacos y en medicina se reúnen para analizar el problema y tomar decisiones, es difícil entender que un problema de salud esté al límite de convertirse en un problema político.
Salvo que alguien pretenda convertirlo precisamente en eso, en un problema político y social, con el objetivo de conseguir más votos y/o ganar más dinero con la venta del tratamiento contra la hepatitis C. Y el problema no está en que las pastillas son carísimas, pues la vida no tiene precio, es que su precio cambia según los países, lo que huele bastante a especulación.
Y para mantener esta especulación y hacer frente a cualquier intento de conseguir un buen precio, las manifestaciones de los enfermos de la Hepatitis C, de sus familiares, amigos, vecinos y aliados de las causas nobles con megáfono, es decir, la presión sobre la Administración y sobre el sistema sanitario resultan impagables para quienes hacen de la enfermedad ajena un negocio propio con pingües beneficios. Ya sea en dinero o en especie.
