En su conjunto, las comunidades autónomas han eliminado en este mismo periodo un total de 715 entes y empresas públicas, lo que supone un 141 por ciento de ejecución del compromiso inicial de suprimir 508 entidades. En concreto, las autonomías han dado de baja 526 y tienen otras 189 con la actividad cesada o en fase de liquidación. Quedan 1.656 de las 2.371 que había al inicio del proceso.
Según el último informe sobre reordenación del sector público del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se estima que la extinción de entes y otras medidas de racionalización de los existentes representa un ahorro de 21.587 millones para las comunidades. También se apunta en el informe que entre todas las autonomías han reducido sus plantillas en 53.544 personas.
Por comunidades, Asturias y Castilla y León han llevado mucho más allá que el resto su compromiso con la reducción del sector público. La primera ha superado en un mil por ciento sus objetivos, al pasar de una entidad a diez y la segunda, el 120% por ciento de lo previsto, de dos a 24.
Todas ellas sin embargo han ido más allá de lo anunciado. La Comunidad Valenciana anunció la supresión de 24 entes y ha cerrado 61 (254% de ejecución), mientras que Cataluña propuso eliminar 66 entes en enero de 2012 y en julio del año pasado había reducido su sector público ya en 90, el 136% sobre lo previsto. Y Andalucía, ha pasado 110 entes a 132 suprimidos (120%).
Aragón, se había comprometido a eliminar 16 y lleva 21 (131%); Las Islas Baleares, de 93 a 104 (112%); Canarias, de 6 a 12 (200%); Cantabria ha pasado de crear un ente a eliminar 23 y Castilla-La Mancha, de 44 a 45 (el 102%); Extremadura, de 12 a 17 (142%); Galicia, de 38 a 52 (137%); Madrid, de 25 a 30 (120%); Murcia, de 47 a 53 (113%), Navarra ha pasado de 25 a 35 (140%), y La Rioja, de 0 a 6.
NUEVO OBJETIVO: REDUCIR EL SECTOR PÚBLICO EL 35%
Ese objetivo de reducción de 508 entes en 2012 se ha ido ampliando conforme las comunidades han ido tomando medidas de racionalización del gasto. En el informe de julio de 2014, el objetivo está elevado a 834, lo que significa que las autonomías pasarán de reducir su sector público un 21,43 por ciento al 35,18. Quedarán 1.537 entidades en funcionamiento.
Por comunidades, Andalucía quiere llegar a la supresión de 137 entes y Cataluña, a 123; las Islas Baleares proponen eliminar en total 110 y la Comunidad Valenciana, 71; Aragón, 32; Asturias, 16; Canarias, 15; Cantabria, 26; Castilla y León, 28; Castilla-La Mancha, 49; Extremadura, 21, Galicia, 60; Madrid, 35; Murcia, 59; Navarra, 46; La Rioja, 6.
