La Unión General de Trabajadores ha presentado un estudio sobre la diferencia salarial existente entre mujeres y hombres. Según la central sindical, esa diferencia, a la que denomina ‘brecha salarial’, está creciendo y alcanza ya porcentajes que no se registraban desde hace cinco años. La diferencia sería, según la organización sindical, del 24 por ciento en el conjunto de España, y del 19,38 por ciento en Extremadura.
Se trata de diferencias retributivas entre personas, mujeres y hombres, que desempeñan el mismo trabajo, en el mismo ámbito y con la misma cualificación profesional necesaria para realizar la tarea encomendada.
Si eso es así, y las mujeres perciben menos retribución económica por realizar el mismo trabajo que sus compañeros varones, existe una marginación evidente e injusta. Una marginación que vulnera lo establecido por el artículo 14 de la Constitución cuando dice que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Pagarles menos a las trabajadoras que a los trabajadores por el mismo trabajo vulnera la Constitución y es una práctica que no puede estar amparada por ninguna otra normativa, tradición, costumbre, acuerdo, pacto, contrato o convenio laboral.
Sorprende que algo que parece claramente injusto e inconstitucional esté tan extendido que hasta existan estadísticas plurianuales sobre ello. Y sorprende aún más que, siendo injusto y contrario a la Constitución, una organización sindical haga un estudio sobre la situación y no presente una cascada de denuncias ante los tribunales e inspecciones competentes.
Porque para hacer ese estudio la Unión General de Trabajadores habrá tenido acceso a nombres y apellidos concretos, a empresas y centros de trabajos reales, a nóminas de hombres y de mujeres trabajadoras. Incluso es posible que la central sindical tenga representación en comités de empresa que hayan negociado y firmado convenios colectivos en empresas y sectores en los que existe esa ‘brecha sindical’.
Entonces, ¿por qué no denuncia en las comisarías y en los juzgados de guardia todos y cada uno de los casos de discriminación ilegal de los que tiene constancia? ¿Se hace cómplice de esa discriminación injusta? ¿Para la Unión General de Trabajadores, dar una visión general del problema es más gratificante que intentar ponerle remedio por la vía de la Justicia? ¿Las centrales sindicales son organizaciones dedicadas al estudio de los problemas laborales o su función primordial es defender a las trabajadoras y a los trabajadores, representándolos ante las instancias que sea necesario, en lugar de centrarse en estudiarlos como si los sindicatos fuesen laboratorios de análisis y el sindicalismo simplemente investigación básica para que otras organizaciones la apliquen?
¿Cómo es posible que personas tan amantes de denunciar como son los sindicalistas (escriba usted en el buscador de Google 'UGT' y 'denunciamos' y cuente los resultados) que, en sus ruedas de prensa, ni critican, ni censuran, ni rechazan, ni lamentan, ni deploran, solamente denuncian, para situar en la esfera semántica de lo delictivo aquello a lo que atacan, llegada la hora de poner una denuncia de verdad, en vez de denunciar hagan un estudio? Y un estudio estadístico. ¿Es económica, sindical y socialmente más rentable y efectivo ese estudio que una denuncia? ¿Acaso la estadística soluciona los problemas? ¿Por ventura curan los porcentajes?
