Cinco de las 22 familias beneficiarias habían perdido sus anteriores casas por no poder hacer frente a las respectivas hipotecas bancarias. Desde hoy, dispondrán de nuevos hogares gracias a las medidas de apoyo a las personas en situación de urgente y extrema necesidad articuladas por el Gobierno de Extremadura desde 2013, afirma el Gobierno extremeño en una nota informativa.
Otros dos adjudicatarios, en este caso mujeres, han recibido viviendas sociales en Mérida y Cáceres al tener preferencia en la baremación por haber sido víctimas de violencia de género.
En un acto que ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Fomento en Mérida, Lozano ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha entregado esta legislatura 1.118 viviendas sociales a las familias que más las necesitan y ha vendido 395 viviendas de protección oficial (VPO) de régimen especial promovidas por la empresa pública Urvipexsa en unas condiciones económicas muy ventajosas para los compradores.
El director general ha agradecido a los 22 adjudicatarios que hayan seguido los cauces legales establecidos para acceder a una VPP. En este sentido, les ha explicado que estos inmuebles se ponen en sus manos en régimen de alquiler social, con una renta mensual que se puede rebajar si acreditan sufrir especiales dificultades económicas. Las familias también pueden adquirir los inmuebles en propiedad transcurridos tres años, en unas condiciones ventajosas.
Las 22 viviendas que se han entregado son inmuebles previamente recuperados por la Consejería de Fomento a través de la actuación de los trabajadores sociales, por procedimientos de desahucio autorizados por los jueces o porque habían quedado vacantes. Antes de la entrega, se ha realizado una inversión de 378.368 euros para el acondicionamiento de las casas.
Las familias que han recibido las llaves de sus nuevos hogares son de Coria (4), Mérida (3), Cáceres (2), Monesterio (2), Badajoz, Almendralejo, Benquerencia de la Serena, Villafranca de los Barros, Asegur, Quintana, Villa del Rey, La Granja, Berlanga, La Garrovilla y Torre de Miguel Sesmero.
La adjudicación se ha realizado por un sistema de baremación por puntos de la situación de cada persona, que beneficia a quienes tienen menos recursos económicos o especiales dificultades sociales.
La Dirección General de Vivienda dispone de 41 millones de euros de presupuesto en 2015, un 5 por ciento más que en 2014. A lo largo del año está previsto entregar 97 viviendas sociales de nueva construcción e iniciar las obras de otras 77.
El Gobierno autonómico va a seguir apostando por la vivienda social, sobre todo en los pueblos, porque contribuye a fijar población en el medio rural, especialmente en el caso de los jóvenes.
En esta línea, está dando prioridad a la rehabilitación de inmuebles en los cascos urbanos, en lugar de iniciar nuevas promociones en los extrarradios, y a la optimización del parque de viviendas públicas, trabajando para que estén en manos de las familias que verdaderamente las necesitan.
En el acto de entrega de llaves, el director general de Arquitectura y Vivienda ha estado acompañado por alcaldes y representantes municipales de algunos de los municipios donde residen las familias adjudicatarias.
