El proceso administrativo para recuperar las cantidades cobradas, en su caso, fraudulentamente, discurre de forma paralela al procedimiento judicial y se llevará a cabo durante aproximadamente los próximos tres meses, a partir de los cuales se harán llegar las propuestas de reintegro de las cantidades percibidas irregularmente a los beneficiarios de las subvenciones, afirma el Gobierno de Extremadura en una nota informativa.
FUNCIÓN DE LA TRIPARTITA
La Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales recuerda a Creex, CC OO-Extremadura y UGT-Extremadura que en las convocatorias que tuvieron lugar en Extremadura en los cursos de formación a ocupados de 2008 a 2011 la Fundación Tripartita sólo controlaba, como conocen bien los agentes sociales y es público, cuestiones como alumnos participantes o la realización de acciones formativas.
Agrega la consejería que la Fundación Tripartita, en materia de justificación de los costes, simplemente prestaba apoyo técnico a la comunidad autónoma elaborando la correspondiente propuesta de liquidación, y lo hacía en base a la certificación y justificación de costes presentadas por cada beneficiario.
En definitiva, esta fundación comprobaba que existiera una cuenta justificativa, pero no verificaba si los servicios o conceptos a los que se refiere habían tenido o no realmente el coste declarado, si resultaban o no estrictamente necesarios para la ejecución de cada acción formativa, ni tampoco si se ajustaban o no al valor de mercado.
Añade la Consejería de Empleo, por último, que las partes beneficiarias de las subvenciones para cursos de formación han sido conocedoras en todo momento de la investigación que se estaba realizando.
Así, desde julio de 2014 sabían que, para evitar en la medida de lo posible la aplicación de criterios subjetivos que pudieran implicar mayor o menor rigor del necesario en la comprobación, el trabajo se encargaba a una entidad auditora externa.
De hecho, explica la Consejería, se les advirtió que los costes sólo se podían justificar con facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa respecto de los gastos, que debían aportar la documentación acreditativa del pago y que las facturas debían emitirse especificando el detalle de los servicios o conceptos a los que se refieren. Por tanto, concluye, no hay sorpresas para los que han recibido y tienen la obligación de justificar el dinero público.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Como ya informó elcorreoextremadura.com, además del proceso administrativo para el reintegro de las cantidades cobradas irregularmente, el Gobierno de José Antonio Monago llevó hace una semana a la Fiscalía Anticorrupción las facturaciones de cursos de formación de ocupados realizados por la patronal extremeña Creex, los sindicatos CC OO-Extremadura y UGT-Extremadura, y la confederación Cepes-Extremadura de economía social.
Dichas facturaciones, correspondientes a la convocatoria de cursos de 2011, pudieran constituir presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar las subvenciones públicas aparejadas a la realización de los cursos.
Según los datos que posee la Administración autonómica a partir de una auditoría externa, podría tratarse de un presunto fraude estimado en más de tres millones de euros y cometido mediante la sobrefacturación de los cursos.
A tenor de la magnitud de las cifras presuntamente defraudadas y, en tal caso, constitutivas de delito contemplado en el artículo 308 del Código Penal, el Ejecutivo que preside José Antonio Monago tomó la decisión de poner en manos de la Fiscalía toda la información que posee al respecto, para que sea la Administración de Justicia la que emprenda las investigaciones judiciales que considere oportunas.
La documentación aportada por el Gobex a la Fiscalía Anticorrupción es toda la concerniente a la convocatoria de 2011 y especialmente se deriva de una exhaustiva auditoría externa encargada el pasado mes de septiembre por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).
La mencionada auditoría fue concluida hace un par de semanas, con resultados que han puesto de manifiesto lo que pudiera consistir en un sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.
