Aun respetando la presunción de inocencia, a la que cualquier persona tiene derecho, y asumiendo que nadie está obligado a demostrar su honradez, sino que compete a quienes le acusan la obligación de demostrar la veracidad de sus acusaciones, José Luis Quintana, exconsejero socialista en dos gobiernos extremeños, diputado en la Diputación de Badajoz y candidato a la Alcaldía de Don Benito, debe aclarar sin dejar margen alguno a la duda que en el año 2007, cuando formaba parte del Gobierno de Extremadura, ya no era copropietario de la empresa ADEMSA que hacía trabajos para FEVAL, originando una situación de incompatibilidad, entre el Quintana empresario y el Quintana consejero, prohibida por la legislación y reprobada por el sentido común.
Y no valen declaraciones verbales. De nada sirve acusar a El Periódico Extremadura de mentir. Poco importa que se haya ido al notario con un papel que diga: me he desvinculado de la empresa. Hay una peligrosa contradicción entre declarar una cosa ante el notario y firmar otra completamente distinta ante una Junta de Extremadura de cuyo Consejo de Gobierno se forma parte.
Quintana se 'exculpó' ante el notario, pero se 'acusó' a sí mismo ante la Junta firmando una declaración en la que reconoce que tiene el 22,5% del accionariado de la citada empresa. Una declaración que la vicepresidenta Cristina Teniente ha puesto a disposición de los informadores para que la lean, pues, además, ha dicho, es pública.
Salvo que demuestre que la firma no es suya y aporte la declaración real que, supuestamente, hizo en ese año 2007, Quintana no ha dicho la verdad en algún momento. O le mintió al notario el año 2001, diciéndole que se había desvinculado de la empresa, cuando no era cierto, o le mintió a todos los extremeños cuando le dijo a la Junta de Extremadura que sí era copropietario de la mencionada empresa, aunque supuestamente había dejado de formar parte de ella seis años antes, o pretende engañarnos a todos ahora cuando insiste en que El Periódico Extremadura miente.
Ya no valen excusas ni explicaciones verbales. Se necesitan papeles. Documentos que acrediten lo ocurrido. Que es muy grave. Cuando se forma parte del Gobierno de Extremadura como consejero, poco importa no estar al frente de una empresa particular que trabaja para una empresa pública. Si se es copropietario de la empresa particular, se es copartícipe de los beneficios que esa empresa particular obtenga de la empresa pública. Los extremeños creíamos que le pagábamos a Quintana para que nos gobernase y no podíamos imaginar que él, además, estaba cobrándonos por asesorar a FEVAL, una de nuestras empresas públicas.
La sombra que proyecta el ‘caso Quintana’ se suma a los presuntos delitos de los que la juez de instrucción de Don Benito acusa a José Luis Viñuela, José Villa y Juan Cerrato, presidente, vicepresidente y administrador general de FEVAL con la Administración socialista, y sitúa un gran nubarrón sobre una parte de la gestión política de la que Guillermo Fernández Vara y el PSOE siempre han hecho gala: la honradez. Una honradez que, a la luz de los papeles, ya no puede medirse en declaraciones verbales, sino en hechos consumados. Y una falsedad, si la hay, que, además de la responsabilidad penal que cupiera, lleva su correspondiente carga de responsabilidad política, aunque los responsables no la asuman y el electorado no la exija.
Aquí no vale recurrir al manido ‘me enteré por la prensa’. Aquí existe, salvo que se demuestre lo contrario, una declaración firmada por Quintana ante el Gobierno de Extremadura y, por lo tanto, ante su presidente, y también hay facturas. Y nada se hace gratuitamente cuando hay facturas por medio.
Quintana será jurídicamente inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El problema es que, mientras que él no acredite documentalmente que no hay motivo para dudar de su inocencia, su honradez estará en entredicho y contaminará el prestigio de quienes le amparen. Veremos a quién acusa el proximo papel del caso Quintana.
