Dichas viviendas, según Martín, "saldrían de la adquisición de las construcciones que, en estos momentos, están en manos de los bancos, mientras hay gente que se ha quedado en la calle y atraviesa una situación de abandono por parte del Gobierno".
Durante un acto en Albalá (Cáceres), este pasado miércoles, donde ha estado acompañado por el candidato local de la coalición, Juan Pérez, ha dicho que "el capitalismo voraz está provocando anomalías en el estado de bienestar, que la política y los políticos tienen que frenar; y aunque algunos se lo quieren cargar, 'eXtremeños' no vamos a permitirlo".
Según el líder regionalista, la cuestión de la vivienda, es un asunto de "máxima urgencia" para el desarrollo demográfico de Extremadura, puesto que "si los jóvenes no pueden emanciparse, no podrán plantearse un proyecto de familia y por lo tanto, serán presa fácil de la emigración mientras no tengan el arraigo y la seguridad que una administración debe proporcionar en estos tiempos".
"'eXtremeños pretende reactivar el sector de la construcción entendido como un motor de la economía", y para ello, ha añadido, "propone readaptar tanto los edificios públicos como las viviendas de particulares a un sistema de eficiencia energética en el período de diez años", ha afirmado.
Para ello, "se promoverán incentivos en la adquisición de la propiedad y en el alquiler de inmuebles porque es intolerable que una familia mileurista dedique el 51 por ciento de sus ahorros para pagar la hipoteca de una vivienda de 90 metros cuadrados", según Estanislao Martín.
"Necesitamos una verdadera política de vivienda que solucione el lastre que supone para los extremeños el pago de la hipoteca o la renta del alquiler y puedan dedicar ese dinero a otras necesidades con lo que además se reactivaría el consumo", ha apostillado.
Otras de las medidas en materia de vivienda, incluidas en el programa de la coalición pasan por ayudas directa a los arrendatarios para hogares con ingresos inferiores a tres veces el Iprem, para que cubran hasta el 35 por ciento del alquiler y con una duración prorrogable de dos años, así como aproxima la normativa española en materia de desahucios a las prácticas frecuentes en Europa Occidental y en otros países desarrollados (ley de sobre endeudamiento), de forma que no se desahucie al insolvente que actuó de buena fe, estableciendo un plan de pagos.
