El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura ha pedido a todas las administraciones públicas que, dentro del ámbito de sus competencias, actúen con "contundencia" y "celeridad" contra los "entramados" de juego "ilegal".
Según ha informado el Cermi Extremadura en una nota de prensa, estas estructuras "ilegales" de juego usan como "coartada social" la imagen de personas con discapacidad, lo que en realidad suponen un "fraude" a los consumidores y dañan de modo "irreparable" las actividades de juego "genuinamente social" como el de la ONCE.
Asimismo, el Cermi Extremadura ha lamentado la "tolerancia culpable" de los poderes públicos estatal y territoriales con la "lacra" del juego "ilegal" que viene actuando "durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz".
Ante esta "generalizada inactividad de las administraciones", el comité de Extremadura ha recordado el deber "inexcusable" de todas las autoridades públicas de "hacer cumplir la legalidad", lo que significa actuar "penal, gubernativa y administrativamente" contra las redes de juego "ilegal".
Así, estas redes de juego "ilegal" --según ha indicado Cermi Extremadura-- "usan" a las personas con discapacidad como "pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables".
En especial, el movimiento organizado de la discapacidad ha emplazado a las administraciones a "clausurar" y "desmantelar" a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), "el principal entramado de juego ilegal en España".
Asimismo, ha alegado que sobre el OID pesan "multitud" de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su "absoluta ilegalidad" y que, no obstante, "sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes".
Para acabar con esta "inacción", el Cermi Extremadura se ha adherido y ha respaldado las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña 'El juego ilegal NO es un juego', que se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación "urgente y contundente" de las administraciones.
De tal modo, el comité extremeño ha señalado que "tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social".
