La letrada experta en Medio Ambiente Pilar Martínez ha reivindicado la "necesidad" de contar con los ciudadanos ante las "limitaciones" de usos y actividades que se establecen en la gestión de Red Natura.
Tras el recurso presentado por APAG ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el decreto del Plan Director de Red Natura en la comunidad, la experta recuerda que la UE "exige que se establezcan medidas concretas de conservación basadas en análisis técnicos rigurosos y una previsión económica y presupuestaria para indemnizaciones".
En nota de prensa, la letrada incide en que "la declaración de un territorio como espacio protegido afecta gravemente a los derechos de propiedad y a otros bienes y derechos previamente consolidados por los afectados, ya que llega a limitar, incluso, la libre circulación por las propias fincas, muchas de las cuales constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias".
En este sentido, la abogada señala que Europa impone a través de la Directiva Hábitats, "unas obligaciones o condiciones de conservación que, de ningún modo, llegan al rigor de las normas españolas" y, en todo caso, añade, "la UE exige que se establezca una previsión económica y presupuestaria para indemnizaciones y se garantice la participación ciudadana".
ACTIVIDADES
Asimismo, Pilar Martínez señala que Red Natura 2000 afecta a 1,2 millones de hectáreas en Extremadura, muchas de ellas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. No obstante, insiste, "son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de estos planes, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación o la repercusión para el desarrollo de la zona".
"En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones que vienen de Europa, se reparten entre los movimientos ecologistas", sostiene.
"Es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños", añade.
EXPEDIENTE
De igual modo, Pilar Martínez recuerda que la Comisión Europea ha "abierto" un "expediente de infracción" a España con motivo de estos incumplimientos "de cuyas posibles consecuencias económicas negativas deben responder quienes han hecho las cosas mal o se han saltado las normas legales".
Con 20 años de experiencia de Derecho Medioambiental, la letrada recuerda que la Directiva Hábitats no sólo establece unos criterios de conservación, sino que también "exige" la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta.
"La desgraciada realidad es que tales planes de desarrollo sostenible no existen o, en caso de existir, no pasan de ser mera retórica de futuribles que, hasta el momento no han llegado a producirse", asegura.
Finalmente, la letrada asevera que "coordinar ambos intereses, la conservación necesaria y el imprescindible desarrollo y crecimiento de los pueblos requiere un examen profundo y riguroso de las necesidades en ambos aspectos, lo que no se ha hecho hasta ahora".
En este sentido, añade que "las decisiones poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones, pueden suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural en un amplio territorio español", al tiempo que incide en que "esto no es lo que propone la Directiva Hábitat".
