La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar un decreto-ley para atender las necesidades de las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión ante lo que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, ha calificado como una situación de “quiebra social” que afecta a la región.
Este decreto ley incluye, entre otras medidas, garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua para que “el próximo invierno nadie pase frío en sus hogares”.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, el Consejo de Gobierno ha estudiado este viernes un informe del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, sobre las medidas que va a incorporar el citado decreto-ley.
Gil Rosiña ha explicado que la garantía de unos mínimos vitales responde a una de las sesenta medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante la campaña electoral y registradas ante notario.
En este sentido, la portavoz ha advertido “a los voceros” que la Junta de Extremadura “no cumple con el notario sino que con quien realmente cumple es con los ciudadanos que decidieron con sus votos ponernos en la responsabilidad del gobierno”.
El Ejecutivo de Fernández Vara, según ha explicado la portavoz, se ha encontrado “una región quebrada socialmente” y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en 40 de cada 100, lo que supone un porcentaje superior en 10,6 puntos a la media del conjunto del Estado.
Así, Gil Rosiaña ha señalado que Extremadura cuenta con un total de 437.535 personas que padecen esta situación y, en lo que respecta a la pobreza infantil, la tasa de riesgo en la comunidad autónoma se situaría en un 46 por ciento, en tanto la media de nuestro país se cifra en el 30,5 por ciento, según datos de UNICEF.
La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la Junta de Extremadura tiene la obligación de dar respuesta a estos problemas y que, por tanto, esta cuestión se ha convertido en “primordial de la acción de Gobierno”.
UNIVERSALIZAR LA SANIDAD
El decreto-ley, cuyo contenido se dará a conocer la semana próxima a los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, incluye tres ejes de actuación, el primero de los cuales hace referencia a le necesidad de “recuperar la universalidad de la sanidad en Extremadura”, según ha mencionado la portavoz.
Esta medida supone “garantizar la atención, en igualdad de condiciones, a todos aquellos ciudadanos extranjeros que conviven con nosotros en la comunidad autónoma”.
El segundo eje de este decreto, con el que se pretende “recuperar la dignidad de los extremeños”, es la dotación de unos mínimos vitales a la que ya se ha hecho referencia, si bien incluye además un cambio que afecta a la Renta Básica de Inserción y que consiste en que no será necesario abrir nuevas convocatorias para solicitar este derecho sino que habrá “una convocatoria abierta los 365 días del año”.
Otra novedad destacada en esta materia, según ha explicado la portavoz, es que el abono de la Renta Básica se hará al día siguiente de que sea aprobada por la Administración regional, y no será necesario esperar un mes como establecía la ley que la regula.
El tercer pilar del decreto-ley al que se ha referido la portavoz del Ejecutivo es el acceso a la vivienda. En este apartado se contemplan ayudas directas a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y que tengan derecho a acceder una vivienda de promoción pública.
Concretamente, se establece que esas familias puedan recibir una ayuda para pagar el alquiler de una vivienda mientras se resuelve la adjudicación de la vivienda de promoción pública.
Por otra parte, se introduce un cambio en la ley que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública, de forma que se elimina la adjudicación por sorteo, considerada “injusta”, y se realizará la adjudicación por una comisión de valoración que tendrá en cuenta la situación de cada familia.
Por último, en materia de vivienda, se amplía por otros dos años más la duración máxima de las minoraciones del 100 por cien de la renta de los contratos de alquiler de viviendas de promoción pública para aquellas unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos por los actos de la crisis económica “de forma considerable”.
Asimismo, el consejero de Salud ha presentado un informe que incluye el calendario de reapertura de los Puntos de Atención Continuada.
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