La portavoz de Educación del PP de Extremadura, María del Pilar Pérez, ha alertado a la sociedad extremeña sobre los “recortes sociales que se están efectuando desde la Junta de Extremadura a todos los niveles”, y ha mostrado así “su preocupación, y malestar”, por el hecho de que los profesores de enseñanza concertada vayan a sufrir serios recortes, “de forma injustificada y sin previo aviso en sus horas de docencia”.
Esta medida afecta a profesores de apoyo para niños con necesidades educativas especiales, “niños que requerían apoyos específicos para alcanzar los mismos objetivos que el resto de sus compañeros”, ha explicado Pérez.
Así, en los últimos días, la Junta de Extremadura ha llamado a los centros escolares para indicarles que se recortan las horas a estos docentes, un hecho que en el PP se considera “un ataque frontal y directo a la calidad educativa y una manera de coartar la libertad de centros que tienen los padres”, puesto que la ley de Educación de Extremadura ampara la libertad de elección de los padres para los centros sostenidos con fondos públicos.
Por eso en Extremadura hay 77 centros educativos concertados donde estudian 33.000 alumnos, y donde imparten clase 2.200 docentes que, si la situación no se remedia, en los próximos días “se verá cómo se recortan sus horas de clase, con unas consecuencias evidentes: niños que no tendrán apoyo, padres que se verán perjudicados, docentes que se pueden ver en la calle, que irán al paro o que verán su contrato de trabajo con una rebaja sustancial” –manifiesta--.
De este modo, Pilar Pérez ha mostrado su solidaridad con estos colectivos educativos, a la vez que ha instado a la Junta de Extremadura para que reconsidere esta decisión y restituya las horas que se les van a quitar a los profesores “en beneficio de todos los alumnos, porque no podemos hablar de alumnos de primera o segunda categoría; todos los alumnos extremeños tiene los mismos derechos a una educación de calidad, con independencia del lugar donde vivan, el centro dónde estudien, las creencias que tengan o la situación socioeconómica de la familia”.
Estos recortes contrastan, manifiesta la portavoz `popular’, con lo dicho por el presidente de la Junta de Extremadura “quien manifestó que se iría para casa antes de hacer recortes en sanidad o educación”.
Por ello, el PP considera este hecho “una política de ataque a los planteamientos sociales del gobierno anterior”. Además, en este caso, ha asegurado María del Pilar Pérez, se agrava porque la decisión la conocieron los centros educativos esta semana, cuando las clases comenzaron el 14 de septiembre, “pero los docentes están trabajando desde primeros de mes en los centros.
“Se está produciendo una situación de indefensión jurídica porque tendrán que sufrir una modificación sustancial de los contratos de trabajo, aparte de la repercusión en los horarios de los centros educativos”.
“Esta medida desproporcionada afecta al 50 por ciento de los centros concertados de Extremadura” y de esta forma, “el PSOE está pasando la apisonadora por las políticas sociales que no le interesan, mientras se apropia de proyectos del gobierno anterior pretendiendo venderlos como suyos”, ha indicado Pérez-
En concreto se refiere la portavoz de Educación del PP a programas -ya en marcha- educativos como el ‘Rema’ o el ‘Impulsa’, en funcionamiento desde el 2012, o el programa para la mejora de inclusión del alumnado, o el programa ‘Comunica’ “planificados, presupuestados, aprobados por el consejo escolar y preparados para comienzos de curso escolar que suponían 425 docentes nuevos contratados por el gobierno anterior”.
