El informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” presentado el 23 de junio de 2015 por Amnistía Internacional detallaba que un tercio de todas las viviendas vacías en Europa están España. Estamos hablando de más de 3 millones de casas sin ocupar en un país con una demanda de vivienda de más de 320.000 personas. A eso hay que añadir el ridículo porcentaje de viviendas sociales (VPO), que no supera el 1%, y las cantidades exigidas como entrada (imposibles para alguien con una renta mínima). Si comparamos ese 1% de parque de vivienda social en España, con el 17% de Francia, el 18% del Reino Unido, el 23% de Austria o el 32% de los Países Bajos, podremos entender que la inversión realizada para salvar a personas en riesgo de segregación social y pobreza extrema no solo es insuficiente, sino que es prácticamente invisible, por sus efectos y en los medios de comunicación.
Las diversas plataformas antidesahucios llevan tiempo solicitando que estos inmuebles se destinen a alquileres sociales, ya que están fuera del poder adquisitivo de la mayoría de los solicitantes. La cuantía asciende a más de 13.500 pisos sociales vacíos, a lo que hay que sumar el montante ascendente de viviendas vacías por órdenes de desalojo por impago. La inviabilidad del sistema inmobiliario y la falta de regulación están empujando a la población al hacinamiento, conviviendo en muchos casos tres generaciones con la pensión de los abuelos.
El derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”), corre serio peligro.
La falta de promoción de condiciones necesarias y normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda por parte del Estado, la sangría que ha supuesto el saneamiento de la deuda privada de los bancos, la reducción de gasto público en vivienda de más del 50% entre 2009 y 2015 en los Presupuestos Generales del Estado y la ejecución de más de 600.000 desalojos hipotecarios han arrojado a la población desfavorecida por la crisis a la super-ocupación, a la calle (puentes, túneles, márgenes de ferrocarril y canalizaciones) o a la okupación de inmuebles vacíos.
El movimiento Okupa, surgido a mitad de 1980 compartiendo el espíritu de los squatters británicos, toma viviendas o edificios abandonados como medio para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda. La auténtica okupación consiste en el ejercicio del derecho a la vivienda cuando esta no es accesible, tiene un carácter político y nunca toma inmuebles escriturados. En los últimos años, son muchas las personas que acuden al registro de la propiedad para informarse sobre la titularidad de una propiedad abandonada y una vez que se cercioran que no tiene propietario físico, okupan la vivienda, la mantienen y la utilizan como propia. Una vez que las autoridades se personan en el inmueble okupado y comunican a los okupas que deben desalojarla, comienza el dilema ético-legislativo de la propuesta de una renta de alquiler social. No nos referimos a viviendas con propietarios que son allanadas por la fuerza o a inmuebles que son propiedad de una empresa u organización que las ha escriturado ante notario, nos referimos a casas o instalaciones abandonadas que se refuncionalicen.
La línea divisoria entre la okupación y refuncionalización de inmuebles con fines de dar cobijo a gente sin techo o utilizarlo para crear centros sociales de ayuda y el delito de apropiación de un inmueble debe ser regulada, igual que el parque de viviendas vacías (por desalojo hipotecario o por no haberse vendido). El sinsentido, injustificable desde un punto de vista ético, es que la gente duerma en la calle y no se adopten medidas para alquilar esos pisos, cuando es netamente rentable tanto para el arrendador (el Estado o la entidad bancaria) como para el inquilino.
La sociedad del bienestar de finales del s. XX, dando sus últimos coletazos agónicos previos a su extinción, se ha convertido en una feroz economía capitalista que ha dado la espalda a las personas físicas y ha mimado a las grandes fortunas. Un puñado de profesionales pertenecientes a los cuerpos de bomberos y policía ya ha sido expedientados por negarse a ejecutar desalojos a personas enfermas, ancianas o que tienen a su cargo a dos generaciones, alegando que ellos “salvan a personas, no a bancos”.
Cuando la desobediencia civil se convierte para muchos en la única manera de expresar lo que entienden por justicia, significa que el gobierno está desoyendo las peticiones de sus ciudadanos en una democracia, que la gente se ha deshumanizado por miedo a correr la misma suerte o las dos cosas a la vez. El novelista francés Víctor Hugo dijo a mitad del s. XIX: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”. Debemos preguntarnos qué grado de corresponsabilidad tenemos en todo esto, solo de ese modo podremos cambiar las cosas; pero eso sí, siempre desde las urnas y el diálogo, nunca mediante la violencia.
