La aparición de nuevas fuerzas políticas ha supuesto un cambio de paradigma en la política bipartidista tradicional de España. Tras la intensa irrupción que supuso la entrada de una tercera formación política de izquierda nacida de la indignación ante los abusos de poder y la corrupción, surge una cuarta formación con sesgos centralistas (para algunos, una versión descafeinada o maquillada de la derecha tradicional). Opiniones a parte, el panorama político ha sufrido una trasformación y una repentina (y aparente) centralización que busca cosechar el mayor número de votos con la intención de no perder o alcanzar el poder como fuerza única, sin necesidad de coalición.
Independientemente de la interpretación que cada votante le dé, es innegable el esfuerzo de moderación de los cuatro partidos políticos más representativos, produciéndose una difuminación de la imagen de campaña frente al programa que presentan (que pocos leen). La suma de la continua decepción política, fruto del mangoneo indiscriminado de los fondos públicos y del tráfico de influencias, la falta de transparencia en la actividad política (tesorería y contratación) y la despreocupación ciudadana por el correcto cumplimiento de las funciones gubernamentales y la sanción de las irregularidades; ha propiciado un clima enrarecido de desconfianza.
Lo estratégicamente curioso es que en lugar de producirse una clara polarización de las posturas políticas, los responsables de la imagen pública de cada partido han procurado mimetizarse con los deseos de la población insatisfecha. Dicho de otro modo, intentan convencer al votante de que su partido es la solución al problema por el simple hecho de acercarse a una postura intermedia entre los extremos. No podemos negarles que la idea de mesura no es buena (punto medio o centralismo), aunque nada original. Sería más que interesante habilitar agencias que controlen la veracidad y la calidad de las campañas políticas, del mismo modo que Autocontrol vela porque la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Quizás la clave del desatino político se base en el vacío legal existente en la falta de correspondencia entre las promesas de campaña (oral y de carácter no vinculante, al parecer) y el cumplimiento del programa presentado. El incumplimiento de objetivos nucleares del programa político, incluso la adopción de medidas contrarias a las propuestas de campaña, deberían ser regulados de algún modo para evitar el engaño impune al que nos hemos visto abocados.
Las fuerzas políticas solo son co-responsables del desmantelamiento del Estado de Bienestar, politizado y confundido con procesos tan complejos como la globalización y el perfil estándar del país desarrollado capitalista. La población es también responsable de los cambios sociológicos que se han producido, como el crecimiento inversamente proporcional entre ricos y pobres, el adelgazamiento de la clase media, el uso fraudulento de fondos públicos para proyectos privados y la segregación social de los más desfavorecidos. No por intentar más veces con un modelo que no ha funcionado, va a funcionar. El país requiere de cambios estructurales basados en la transparencia (real) del destino de los fondos públicos, auditorías independientes a los organismos que se beneficien, eliminación de malas prácticas políticas (como eliminación periódica de documentos registrales, que curiosamente han coincidido con operaciones judiciales anticorrupción) y un sistema de participación real (no porcentual como el sistema D'Hondt).
En medio del debate sobre la reforma de la carta magna, el empuje del nacionalismo catalán, la pérdida de baluartes tradicionales por parte del bipartidismo a favor de los partidos emergentes en las elecciones municipales y la insostenibilidad social del modelo económico español; urge pedir memoria a la ciudadanía a la hora de ir a las urnas. El espejismo de la crisis ha enriquecido exponencialmente a grandes fortunas, ha resuelto la deuda bancaria y ha supuesto un ahorro empresarial significativo gracias a la reforma laboral y a las comodidades de despido. A cambio, la asignación presupuestaria a sanidad y educación ha caído en picado, se han encarecido las tasas judiciales y universitarias, no se han dado soluciones a los parados de larga duración (puesto que las cifras de empleo estacional no reflejan realmente el crecimiento), las listas de espera para quirófano y consulta se eternizan, y no se toman medidas para reabsorber a los miles de jóvenes exiliados españoles (una inversión millonaria que regalamos a otros países con la fuga de cerebros).
Sin embargo, mientras parte de la ciudadanía se desvive por seguir los encuentros de la liga de fútbol o la última edición de su reality show favorito, por amortizar la tarifa de datos de su Smartphone o estar al día en sus series online (cosas maravillosas, en su medida y momento); el canon cultural sigue sin derogarse, no avanzamos en los resultados académicos del informe PISA, perdemos un nicho de mercado importantísimo al no estar a la vanguardia en muchos campos de investigación debido a la falta de inversión en I+D+i, no se toman medida para regular la situación de las viviendas no vendidas y los miles de sintecho, y no se reactiva la economía doméstica (después de un año y medio de brotes verdes macroeconómicos).
El tiempo dirá si podemos los ciudadanos cambiar el panorama, mientras tanto, habrá que plantearse cómo resistir otro envite legislativo de cuatro años. “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir” (José Saramago).
