Los diputados de los grupos parlamentarios del PSOE-Siex y del PP han rechazado la petición de Podemos de realizar una auditoría de la deuda de la Administración autonómica extremeña y de todos sus entes, con el fin de conocer con detalle los conceptos que la integran para así establecer "posibles responsabilidades civiles y penales" hacia los gestores de las cuentas regionales.
El portavoz de la formación morada, Álvaro Jaén, ha lamentado la unión de los dos partidos que han tenido responsabilidad en la gestión de la hacienda regional, y que su voto en contra conjunto supone una escenificación del "pacto entre caballeros" de los dos "partidos viejos" por continuar en el poder.
A su vez, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, se ha abstenido en la votación de la propuesta de impulso debatida este jueves en la Asamblea de Extremadura, según ha explicado, para no incurrir en una reiteración, ya que ella misma ha planteado, en otra iniciativa, la necesidad de elaborar una auditoría de las cuentas públicas correspondiente a los dos últimos ejercicios.
En la defensa de su iniciativa, Jaén ha apelado a la "transparencia en la gestión pública y el acceso a la información" como condiciones "necesarias para un gobierno abierto", con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor la gestión realizada y puedan participar de una forma "más efectiva" en las decisiones que les afectan.
El diputado de Podemos considera necesario conocer con detalle cómo se han alcanzado los actuales niveles de deuda, al considerar que es una de las "principales restricciones" para la recuperación económica.
A tenor de los datos aportados, la deuda de la comunidad se sitúa en el segundo trimestre del año en 3.391 millones de euros, es decir, el 19,70% del PIB regional. Según Jaén, tanto el Gobierno del 'popular' José Antonio Monago, como el del socialista Guillermo Fernández Vara, son responsables de este aumento.
Para ello, ha recordado que en su anterior mandato, Vara elevó la deuda desde los 800 millones de euros hasta los 2.000, entre los años 2007 y 2011, y que Monago es responsable de alcanzar los casi 3.400 millones de euros actuales.
Según ha dicho, la auditoría que reclama es un "elemento de política responsable" y también "pedagógico", dado que pretende saber cómo se ha llegado al alcanzar esta deuda, que se traduce en que cada extremeño debe 2.700 euros.
En la justificación de la misma, asegura que los gobiernos autonómicos, incluido el de Extremadura, se han endeudado "sin los controles democráticos mínimos", y que la gestión de esta deuda "se enmarca en criterios políticos que evitan que sea sometida a una estricta auditoría y fiscalización".
Por este motivo, considera oportuno que la ciudadanía, que es la que "sufre" la deuda en forma de "recortes", participe activamente en el proceso de auditoría. Además, según ha destacado Jaén, también se ha eludido dar a conocer "cada uno de los conceptos que la integran y, en consecuencia, establecer "las posibles responsabilidades civiles y penales que correspondan".
Ante todo ello, la propuesta de impulso instaba a la Junta a formular un Plan de Auditoría Ciudadana acerca de la actual deuda de toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a todos sus entes.
En segundo lugar, reclamaba la incorporación de la ciudadanía en el proceso de auditoría; en tercero, abrir el desarrollo, control y resultado de la auditoría a profesionales y colectivos sociales sin ninguna vinculación a las entidades privadas o públicas con implicación directa o indirecta a la causa, y difundir "la
magnitud, las condiciones, el objeto y las responsabilidades del endeudamiento que se ha producido en los últimos años".
Por último, reclamaba la creación de órganos de la ciudadanía "verdaderamente independientes" del poder político que controlen la deuda extremeña, para realizar análisis financieros, sociales y ambientales previos a los nuevos proyectos que impliquen endeudamiento público.
AUDITORÍA INNECESARIA PARA EL PSOE
El diputado socialista Juan Antonio González Gracia ha defendido que la transparencia y las normas de buen gobierno sean las normas "fundamentales" que imperen en la gestión pública.
No obstante, ha justificado el rechazo a la auditoría reclamada por Podemos al considera que no es necesaria porque "todos los datos" y "todos los informes" pasan por los controles internos de la propia Junta de Extremadura y por la Intervención General.
Así, ha indicado que estos datos reflejan que la gestión del PP en la pasada legislatura fue "un auténtico fracaso", y que durante su mandato se llevaron a cabo "los mayores recortes de la historia" de la comunidad, especialmente en Sanidad y Educación.
El diputado socialista ha señalado, de esta forma, que "el gobierno de los mejores", en referencia al Ejecutivo de Monago, se convirtió en "el gobierno de los derrochadores", ya que los recortes no evitaron además que se incrementara la deuda y un "déficit desbocado", ni el aumento del plazo de pago a proveedores.
"OBSESIÓN" DE PODEMOS
El diputado del PP Miguel Cantero cree que la iniciativa está "viciada", y que el parlamentario de Podemos desconoce el trabajo de una administración, al tiempo que ha recordado la Ley de Gobierno Abierto aprobada la pasada legislatura permite comprobar el destino de las partidas públicas.
Según Cantero la auditoría es una "obsesión" para Podemos, al tiempo que le ha recriminado que señale que las cuentas no tengan "garantías democráticas", en lo que considera un ataque contra la labor que desempeñan los trabajadores de la Junta.
Por último, y a pesar de que el PSOE ha votado en contra, ha señalado que el padre de la iniciativa no es Podemos, sino el líder de los socialistas y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y que ésta "se pergeñó en la corrala" para poner "una cortina de humo" sobre los 10.000 parados más que hay en la región desde que gobierna.
