El Grupo Parlamentario Socialista-Siex en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de Ley sobre los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen con la que pretende devolver a estos organismos la "estabilidad y tranquilidad", en el sentido de mantener su estatus jurídico como corporaciones de derecho público.
Lo socialistas extremeños pretenden de esta forma corregir las disposiciones introducidas en la Ley Agraria impulsada por el anterior ejecutivo del PP, que obligan "a la fuerza" a los consejos reguladores de las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas a modificar su personalidad jurídica como entidades asociativas privadas sin ánimo de lucro.
La propuesta plantea además que la Junta de Extremadura, en un plazo de seis meses, lleve al parlamento regional un texto refundido con toda la normativa autonómica aplicable a estos organismos, con los que asimismo el PSOE se compromete a devolver a lo largo de la legislatura el nivel de apoyo económico previo a los "recortes" establecidos por el gobierno del PP, que pasó de los 2,4 millones a los 500.000 euros.
La portavoz de Agricultura del PSOE en la Cámara legislativa regional, María Teresa Macías, ha dado cuenta de esta propuesta de ley momentos antes de llevarla al registro, para que en próximas reuniones de la Mesa sea calificada y llevada a Pleno.
Según ha manifestado, el texto recoge las reivindicaciones ya manifestadas por las denominaciones de origen (DO) extremeñas, un total de diez, y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), tres, tras sus encuentros con la propia Junta de Extremadura y el resto de grupos parlamentarios, incluido el socialista.
"BUQUES INSIGNIA" DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Se trata de una propuesta para "dar salida a una situación que asfixiaba y preocupaba" a los consejos reguladores de las DO y las IGP, a las que los socialistas consideran "herramientas estratégicas" y los "buques insignia" del sector agroalimentario extremeño.
En este sentido, Macías ha señalado que no entiende qué llevo al PP extremeño a incluir disposiciones en la Ley Agraria que planteaban que los consejos reguladores estuvieran obligadas "a la fuerza" a cambiar su personalidad jurídica, bajo la amenaza, en caso de incumplimiento de disolución, de no recibir más subvenciones e incluso sanciones para sus responsables.
Además, según la diputada socialista, esta medida va en contra de los criterios a nivel nacional para el conjunto de las denominaciones de origen de carácter suprautonómico, por lo que considera un "contrasentido" el planteamiento del anterior gobierno 'popular'.
Según Macías, los "recortes" en el apoyo público a los consejos reguladores, que ha cifrado en un 80 por ciento, les supuso "un problema de gestión interno", en el sentido de que "puso en riesgo" la estructura de personal de estas entidades que atendían a productores, transformadores y comercializadores de los productos con DO e IGP.
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
En concreto, la propuesta socialista, que espera que reciba el apoyo de todos los partidos que conforman el arco parlamentario, viene a reconocer a los consejos reguladores como corporaciones de derecho público.
"Estas entidades son de dominio público, en el sentido de que son algo propiedad de la Comunidad Autónoma", que "mantienen" los agricultores, ganaderos, los transformadores y la industria, pero "es algo que tiene que estar protegido por el derecho público", con lo que se garantiza además el "equilibrio" en sus decisiones, asegurando asimismo la "equidad de la representación", ha dicho Macías.
Por el contrario, si pasaran al ámbito privado "al cien por cien, no habría ningún tipo de control por parte de la administración para que hubiera una representación equitativa" entre productores, transformadores y comercializadores.
Asimismo la modificación dará "estabilidad" a los consejos reguladores, de modo que evitará su desaparición, según ha advertido Macías, debido a que elimina la "incertidumbre" a la que se enfrentan con la regulación actual, en el sentido de que sus representantes tengan que decidir si afrontan un nuevo estatus jurídico en el que "no saben cómo podrán afrontar los problemas".
Con respecto a si se ha entablado contactos con otros grupos parlamentarios para recibir el apoyo necesario para sacar adelante la propuesta, ha señalado que su iniciativa está en sintonía con otra ya planteada por Ciudadanos, pero que, por motivos de celeridad, se ha preferido acudir a esta vía, la de la presentación de una propuesta de ley, en lugar de plantearlo como una propuesta de impulso, que requiere plazos más amplios.
APOYO ECONÓMICO "SUFICIENTE"
Con respecto a la financiación de la Junta a los consejos reguladores, ha destacado su compromiso de dotarlos con un "apoyo suficiente para realizar sus funciones", si bien ha remarcado la "situación de quiebra económica" de la comunidad autónoma.
Ante lo cual se ha comprometido a que a lo largo de la legislatura, y "en la medida de lo posible", se va a apoyar a estos organismos y se va a "intentar" recuperar el "estatus" que tenían antes de "todos los recortes" que se les han aplicado.
