El Servicio Extremeño de Salud (SES) desarrollará un plan estratégico con una vigencia de cuatro años para el desarrollo sistemático de diferentes medidas para "garantizar" la sostenibilidad económica, social y ambiental del Sistema Público de Salud de la comunidad.
La medida forma parte de un acuerdo que se ha sometido este lunes a la Mesa de la Concertación Social de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, referido a la "garantía" y "sostenibilidad" del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Se trata, según ha explicado la Junta en nota de prensa, de establecer unos principios como la "universalidad" de la atención sanitaria para "toda la ciudadanía", la "igualdad efectiva" en el acceso, la "equidad" y "superación" de desigualdades territoriales y sociales, "eficacia" y "eficiencia" en la gestión, participación de la ciudadanía y de los profesionales o la promoción de la docencia, la formación, la investigación en Ciencias de la Salud.
Asimismo, se darán "pasos legislativos" para el "blindaje" de la Sanidad Pública.
PROPUESTAS DE ACUERDO
De este modo, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha presentado este lunes en la Mesa de la Concertación Social de su consejería, donde están representados los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal, Creex, cuatro propuestas de acuerdo que se enmarcan en la política de "diálogo social" de la Junta de Extremadura.
Concretamente, se trata de acuerdos sobre el desarrollo del sistema público de servicios sociales en Extremadura para avanzar en un modelo de atención inclusivo y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, acuerdo en políticas de vivienda y para la garantía y sostenibilidad del sistema sanitario público en Extremadura.
SERVICIOS SOCIALES
Además del citado en materia de sostenibilidad del Sistema Público de Salud, el Ejecutivo regional quiere establecer medidas que garanticen el "derecho universal" al Sistema Público de Servicios Sociales, cuyos principios rectores serán principios como la igualdad, la responsabilidad pública, la calidad, la solidaridad o la universalidad.
Este Sistema Público de Servicios Sociales tendrá un nivel de Atención Social Básica y uno segundo de Atención Especializada. Será complementario con el Sistema Sanitario Público de Extremadura. El acuerdo fija el primer trimestre de 2016 para llevar a la concertación social el Plan Estratégico de Servicios Sociales.
Asimismo, el acuerdo para un modelo de atención a las personas con discapacidad quiere desarrollar medidas encaminadas a hacer efectivos los derechos de estas personas reconocidos por la Convención Internacional.
Estas medidas se desarrollarán en el Consejo Regional de las Personas con Discapacidad, donde se debe producir la modificación de determinados aspectos del Marco de Atención a la Discapacidad (Madex).
La modificación debe ir encaminada, entre otras cosas, a la participación de asociaciones que prestan servicios, a la flexibilización de los criterios y requisitos, la incorporación de la cláusula social o una adaptación al ciclo vital de la persona con discapacidad, consecuencia del aumento de la esperanza de vida.
El acuerdo, que incorpora una "extensa lista de acciones", informa de que el trabajo para alcanzarlo comenzó hace unos días con la reunión del Consejo Regional de las Personas con Discapacidad y que se espera concluya, con un nuevo Madex, no más allá de junio de 2016.
DERECHO A LA VIVIENDA
Por otra parte, en política de vivienda se busca fomentar y potenciar de forma sostenible al sector de la construcción y poner en valor el papel del Consejo Asesor de la Vivienda para el diseño técnico de las estrategias sobre este sector, el tercero en "potencial económico" de la región.
Dichas estrategias se conformarán mediante programas de ayuda y fomento de la construcción y la rehabilitación que se incluirán en un nuevo Plan de Vivienda de Extremadura, que se someterá al diálogo social en el primer trimestre de 2016, explica la Administración regional.
Además, se plantea una serie de medidas para asegurar el derecho a la vivienda como el acceso a viviendas sociales en régimen de concurso, no de sorteo, la minoración del cien por cien del alquiler social ante situaciones económicas sobrevenidas o ayudas para inquilinos afectados por ejecuciones hipotecarias en su vivienda habitual que cumplan los requisitos para acceder a una vivienda social, pero que la Junta no puede entregarle una de forma "inmediata".
También se incluyen acciones como la mediación pública con entidades bancarias o el restablecimiento de un plan de barrios -especialmente en las grandes ciudades- que permita una corresponsabilidad de los inquilinos en el mantenimiento de la vivienda y la comunidad.
