El Grupo Parlamentario Popular reclamará a la Junta de Extremadura la moratoria de la resolución sobre la retirada de subproductos animales procedentes de la actividad cinegética, que entró en vigor el pasado 9 de noviembre.
El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, y los diputados de este grupo en la comisión del ramo han mantenido un encuentro con los representantes de la Mesa Extremeña de la Caza para abordar esta cuestión.
Durante esta reunión, los 'populares' han manifestado su compromiso de presentar una propuesta ante el pleno de la cámara, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, en la defenderán la moratoria de dicha resolución, al considerar que se ha adoptado "sin el consenso de las partes implicadas", según ha informado el Grupo Popular en nota de prensa.
Según ha detallado el portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, José Antonio Echávarri, en su propuesta de impulso, este grupo exigirá a la Junta de Extremadura que aplique el reglamento europeo vigente y que "vele por su estricto cumplimiento, como debe hacer un gobierno responsable".
Al respecto, ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no puede ampararse en que la normativa europea no se cumple", porque "es su obligación garantizar la correcta aplicación de las normas". En este sentido, ha explicado que en todos los actos cinegéticos está presente un veterinario de la administración que es quien tiene que supervisar que los subproductos animales tengan un correcto tratamiento.
Así, ha detallado que la parte de estos subproductos catalogados en la categoría 1 (infectados) deben enterrarse y cubrirse con cal, mientras que los no contaminados deben dejarse en la finca para servir de alimento a las aves carroñeras.
"MALESTAR EN EL SECTOR"
Echávarri ha comentado que la resolución de la Junta, mediante la cual se obliga a que los subproductos animales procedentes de la actividad cinegética sean retirados y llevados a plantas para su incineración, "no está consiguiendo el objetivo deseado, que es disminuir los casos de tuberculosis en el ganado bovino".
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta materia ha detallado que durante el encuentro los miembros de la Mesa Extremeña de la Caza les han traslado su "malestar" porque "entienden que esta decisión de la consejería va en contra de los intereses del sector cinegético", que es un sector "estratégico"para la economía de la región, ya que genera de manera directa e indirecta en torno a 300 millones de euros al año.
"El sector considera que esta resolución no cumple con el objetivo que se persigue, sino que provoca todo lo contrario y nosotros lo hemos comprobado", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que a raíz de la entrada en vigor de esta medida les "avisan de contenedores abandonados durante varios días hasta la retirada de los residuos, de fermentación de los subproductos que incrementa los riesgos de propagación de la tuberculosis y de graves riesgos en el traslado de los restos por toda la geografía extremeña".
Echávarri se ha referido además a la "problemática" que se plantea por el hecho de que en Extremadura solo hay una planta para la incineración de estos restos y solo cuatro empresas para el transporte de subproductos, con lo que la medida de la Junta plantea un escenario, en su opinión, "muy complejo".
Además, ha comentado que en la región hay censados entre 10.000 y 12.000 buitres, entre negros y leonados, que se alimentan fundamentalmente de estos subproductos animales. En concreto, ha indicado que la actividad cinegética genera entre 100 y 110 kilos de subproductos por buitre al año y que su retirada de las fincas "incrementa el riesgo del ataque de estas aves a las cabañas de animales domésticos".
