Decía el poeta alemán Heinrich Heine que “todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad”. España es uno de los paises del mundo que más tipos de impuestos tiene y uno de los más permisivos, en algunas zonas, con los impuestos revolucionarios que se cobran a pie de acera. Nos referimos a los sobreimpuestos ilegales de circulación que nos cobran por aparcar en zonas concurridas sin que se tomen medidas firmes por parte de las autoridades para eliminar dicha lacra y a sobreimpuestos legales, aunque ilegítimos, aprobados por los poderes municipales.
Los primeros son recaudados por personas que hacen de este tipo de extorsión su modo de vida, apropiándose del usufructo de una zona de aparcamiento público con mucho movimiento y estacionamientos de corta duración. Los segundos, los sobreimpuestos legales e ilegítimos sobre el suelo público, se cobran mediante las impopulares zonas azules, que precisamente se colocan tomando el mismo criterio que los anteriores. La ubicación de las zonas explotadas es crucial y normalmente está vinculada a necesidades de primer orden, como hospitales, tanatorios, centros educativos, supermercados; o zonas comerciales y deportivas con mucha afluencia, puntual o constante. Para tener en regla toda la documentación necesaria para conducir, hacemos frente al impuesto de circulación, a la Inspección Técnica del Vehículo y al pago del seguro del automóvil; contribuyendo al mantenimiento de las infraestructuras del viario (pavimento, señalética, alumbrado, etc.), al correcto funcionamiento del coche y a la cobertura (al menos a terceros) de cualquier daño ocasionado a otro vehículo.
Sin embargo, la privatización del suelo público es sin duda una de las genialidades tributarias más lúcidas y sencillas de los últimos tiempos. Asignar a una empresa privada un número de calles para que recaude pequeños cobros fraccionados por tiempo de estacionamiento, es duplicar el impuesto del circulación de los conductores por aparcar en suelo público, no privado. En otras palabras, se habilitan aparcamientos privados (como los de un hotel o un centro comercial) en suelo del ayuntamiento. Este sinsentido se ha aplicado en las grandes capitales y en muchos pueblos alrededor de universidades, hospitales, crematorios, zonas monumentales o recreativas con mucho tráfico. El hecho de que los objetivos escogidos para acordonarlos de azul sean puntos vitales para la vida, hace de esta estrategia un mecanismo de explotación simple y efectivo que sabe de la necesidad de llegar a tiempo a esos emplazamientos, especialmente a los tres citados primeros.
Una variante extendida del parquímetro y el cobro por tiempo consiste en la contratación de vigilantes autorizados e identificados que cobran por plaza de aparcamiento en suelo público. El pago de este servicio supuestamente es voluntario y los vigilantes identifican a los conductores que han pagado, con un tique válido para todo el día y las otras zonas vigiladas. ¿Hay realmente razones para contratar vigilantes de aparcamientos? Si es así, deberíamos preguntarnos qué funciones tienen asignadas la policía local y municipal en cuanto al ordenamiento y la seguridad de los estacionamientos. En segundo lugar, el hecho de que el vigilante se persone en el hueco vacío para cobrarte, persuade y ejerce cierta presión social sobre el estatus y la imagen pública de los conductores. ¿Por qué debemos justificar que no deseamos contribuir voluntariamente a ese servicio? Este tipo de prácticas crea dinámicas de influencias al poder ganar el favor de los vigilantes y tener plazas reservadas a cambio de la modesta y continua contribución. Es una realidad vivida a diario que, al haberse normalizado, ha terminado por aceptarse en cierto modo con resignación.
Por último, el caso de los “gorrillas” o vigilantes no autorizados. Esta práctica, tan extendida como esperpéntica, no ocurre en todas las provincias del país, siendo frecuente en las zonas meridionales. Apostados a pie de calle se apresuran a cobrar un impuesto de estacionamiento no regulado, aun en el caso en que no hayan contribuido en absoluto a que aparcases. La conocida frase “la voluntad” lleva implícito el riesgo de sufrir daños en el vehículo si no se les paga. Habiendo convertido la gestión ilegal del aparcamiento en su medio de subsistencia, han conseguido una lucrativa actividad que no exige preparación ni esfuerzo, perpetuando la práctica generación tras generación. El tributo a los “gorrillas” es un impuesto más al que tiene que hacer frente el conductor, debiendo elegir entre el pago del aparcamiento privado, dejar el coche a más de quinientos metros (habiendo hueco en la puerta) o ceder a la extorsión de estos clanes. La mayoría de estas personas insulta a los conductores que no les pagan e incluso rayan o golpean sus vehículos. A todo esto hay que sumarle, en el mejor de los casos, la insensibilidad con la que reclaman su impuesto a personas que llegan a cementerios, tanatorios o zonas hospitalarias de urgencia. Este motivo es el responsable de enfrentamientos verbales y físicos entre conductores y “gorrillas” en momentos de tensión emocional por parte de los primeros. Al ser asentamientos estables, individuales o grupales, no cabe explicación por parte de las autoridades de no quitarlos de las zonas que han hecho suyas.
Al final, este modelo de tributos viales también influye en la insostenibilidad de disponer de un vehículo, ya que cada vez que aparcamos en suelo público, además de cumplir con los impuestos regulados, pagamos al menos un euro al vigilante autorizado, al “gorrilla” o al parquímetro, encareciéndose exponencialmente cada desplazamiento.
