El próximo 20 de diciembre llegará a las urnas electorales la factura al bipartidismo por los errores cometidos: los desahucios y el hacinamiento, la estafa de los cursos de formación y de las preferentes, la corrupción institucionalizada (caso Púnica, caso Gürtel, las tarjetas opacas de Caja Madrid, los papeles de Bárcenas, los EREs en Andalucía y un larguísimo etcétera de investigaciones anticorrupción en curso), el saneamiento de la deuda privada con fondos públicos y la sangría al fondo de pensiones, la actualización en 2011 del artículo constitucional 135 atendiendo a la estabilidad presupuestaria, la privatización de la sanidad y la precariedad de las instalaciones hospitalarias públicas, los recortes en educación e investigación, el re-pago de los medicamentos, el aumento del IVA cultural, el continuo intento de sacar la filosofía y el juicio crítico de las aulas, la polémica Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley mordaza”) y su repercusión en la vida real y virtual, la optimización de los beneficios empresariales frente a la decadencia de los derechos laborales, el ajuste del sueldo mínimo interprofesional frente al crecimiento exponencial de los salarios de directivos, el adelgazamiento de la clase media, el espejismo de las cifras de desempleo estacional y los sueldos indignos, la pasividad ante un intento de secesión como medio de distracción… El derrumbamiento del estado de bienestar en solo cuatro años y un mes, aproximadamente.
Haber subestimado la
capacidad asamblearia y haber hecho caso omiso a miles de
voces anónimas indignadas que salieron a las calles fue quizás el germen de las formaciones políticas emergentes, claves en la
nueva transición política de España. El bipartidismo democrático, heredero en parte del turnismo decimonónico, llega a su fin de la mano de una
propuesta crítica ciudadana, a partir de la cual se realizarán seguimientos del cumplimiento de los programas. Iniciativas como
Polétika, formada por organizaciones y movimientos de la sociedad civil, vigilan a partir de intervenciones en televisión, radio, prensa escrita y digital, redes sociales y webs / blogs de partidos políticos el tratamiento que reciben en la pre-campaña, la campaña y después de las elecciones los temas más acuciantes; tanto en su
discurso oral como en sus
programas. La vigilancia se centra en el desarrollo, la fiscalidad justa, la educación, la sanidad, la protección social, los salarios, la participación y la transparencia, los conflictos internacionales, las políticas de infancia y el cambio climático.
Cuando los políticos acostumbrados a no hacer política y a sentar las normas de una sociedad a base de decretos que no han tenido en cuenta al resto de la oposición tienen que sentarse a dialogar para lograr acuerdos, empiezan a hablar de inestabilidad. Sin embargo, la emergencia (en el sentido de aparecer y en el de urgir) de nuevos partidos políticos supone propuestas de estabilidad en funcionariado, en leyes educativas (tan utilizadas para justificar el cambio de gobierno), en fomento de la natalidad (en un país que envejece por día), en regulación laboral y fiscal y en garantías sociales recogidas en el marco legal. El debate dejó propuestas innovadoras como la posibilidad de cesar al gobierno electo a mitad de la legislatura si incumple su programa, atender a la pluralidad de voces aunque las negociaciones lleven más tiempo, no obviar a los detractores de las propuestas del gobierno para evitar la radicalización de sus posturas, ofrecer una educación pública de calidad (en todos los niveles) o reformar algunos aspectos de la Constitución para actualizarla a los nuevos escenarios comunicativos y tipos de amenazas.
Volvió a usarse el argumento ad antiquitatem (apelar a la tradición) a la hora de negar las propuestas de los partidos tradicionales. No es de locos pensar que no tiene sentido seguir intentando lo que no ha funcionado con anterioridad. Las nuevas fuerzas y sus posibilidades de coalición constituirán la piedra angular de esta etapa democrática. No obstante, la radicalidad de algunas propuestas o la apertura a pactos con cualquier partido son las causas de la indecisión de muchos votantes incluso después del debate del 7D. Una vez dijo la filósofa Victoria Camps que “la democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia”. El desencanto que viven muchos españoles solo se curará con acciones a su favor, no con promesas ni con buena oratoria. Y es que no se come, ni se pagan las facturas, ni se prospera con promesas; se hace con trabajo, coberturas sociales y garantías jurídicas. Ya de antemano es difícil conciliar los derechos constitucionales y el sistema económico capitalista, cuanto más si no se garantizan de hecho (no solo de palabra) en el marco legislativo.
Es necesario estabilizar el sistema educativo seleccionando lo mejor de cada modelo conocido, mediante consenso de partidos, e implantarlo progresivamente sin modificaciones ni interrupciones causadas por cambios de gobierno. Es indispensable tener un mercado laboral capaz de absorber a los profesionales que se gradúen, en lugar de obligarles indirectamente a emigrar en busca de oportunidades de empleo. La justicia y la educación deben estar al alcance de todos y no supeditadas a tasas imposibles para muchos. El nuevo gobierno, solo o en coalición, debe entender que “invertir” en los ciudadanos no es gastar, que hacer política sin ética es convertir a los ciudadanos en subordinados después de las elecciones y que no se puede exigir austeridad mientras las arcas del Estado se vacían a favor de intereses privados. Urge un plan de choque para combatir la pobreza extrema y los núcleos de marginalidad, porque la gente pasa hambre mientras la fortuna de concentra en pocas manos. Es fundamental que se incentive a las empresas para que creen empleo y se reinicie el flujo económico; que comprendan que hace falta más gente trabajando, no que la gente trabaje más horas y más años, y que se pongan en marcha mecanismos efectivos para conciliar el trabajo y la familia.
De nada sirven los datos macro-económicos favorables si no se nota en la cesta de la compra, en los suministros y en la relación trabajo-ocio. Y por último, es vital que el gobierno vuelva a tener en cuenta que los políticos deben gobernar para los ciudadanos, no sobre los ciudadanos. “Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización” (Ernesto Sabato).
