La Junta de Extremadura ha reconocido que ha tenido "poco margen de actuación" respecto al proyecto de dotación de equipos tecnológicos a los centros educativos, mientras que Podemos ha invitado a la Consejería de Educación abrir una investigación interna.
Este intercambio de opiniones se ha producido durante una pregunta formulada en el pleno de este jueves, día 17, por Podemos a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, sobre los criterios que se han seguido a la hora de dotar de equipos tecnológicos a los centros educativos de la comunidad.
De esta forma, Gutiérrez ha explicado que la Junta de Extremadura ha seguido lo pautado en el decreto 97/2015 de 12 de mayo, en el que se define el procedimiento a seguir, al tiempo que ha recordado que los Fondos Feder de este proyecto son finalistas y que por tanto deben destinarse para el fin al que se conceden.
Asimismo, la consejera extremeña ha informado de que el expediente del proyecto de las TIC lo tenía finalizado la anterior consejería del Ejecutivo de José Antonio Monago en el mes de noviembre, aunque no fue hasta mayo cuando se llevó al Consejo de Gobierno, con la necesidad de que todo el material estuviera en cada centro educativo antes del 31 de diciembre.
"Poco margen de actuación tenía este gobierno, lo que sí le garantizo es que nos estamos reuniendo con todos los centros de educación infantil, primaria y coordinadores TIC para ver aquellos posibles problemas que pudieran estar surgiendo y establecer soluciones correspondientes", ha apuntado.
Además, la consejera de Educación y Empleo ha remarcado que el objetivo de la Junta de Extremadura era que las nuevas tecnologías llegaran a las aulas y aprovechar ese proyecto europeo que era importante para la comunidad.
Por su parte, la diputada de Podemos Irene de Miguel ha replicado que la Junta de Extremadura tiene la responsabilidad de que el gasto se adecue a las necesidades de cada centro educativo en virtud de los principios de "eficacia y eficiencia".
En esta línea, De Miguel ha considerado una "irresponsabilidad" por parte de Monago y de su gobierno, que en esa fecha estaba en "funciones", la autorización de un contrato de 38 millones de euros, en el que, entre otras cosas, se daba la posibilidad de que el software libre fuese suplantado por otros sistemas operativos que no son de códigos abiertos.
Asimismo, la diputada de Podemos se ha cuestionado por la necesidad de mandar a los centros educativos material que no han pedido o de "derrochar" dinero que viene de Europa, al tiempo que se ha preguntado por si se ha tenido en cuenta el coste de mantenimiento de estos equipos.
"Esta situación nos recuerda al despilfarro que se produjo en el año 2003, en el que se compararon equipos sin tener las infraestructuras necesarias y se tuvieron que almacenar a perpetuidad", ha criticado.
Por ello, Irene de Miguel ha invitado a la Consejería de Educación a que abra una investigación interna para saber por qué se está utilizando el dinero de "esta forma" y en su caso dirima responsabilidades en su consejería.
