Las excusas por defraudar al seguro del coche siguen instaladas en la sociedad española, de tal forma que en concreto en la región 220.000 conductores extremeños siguen justificando estas prácticas, que tienen un alto coste tanto para la sociedad como para los automovilistas.
De hecho, desde 2009, el fraude al seguro del coche se ha multiplicado por 3,5, según señala el 3er Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos de Línea Directa, presentado este lunes en Madrid por la compañía aseguradora, que añade que de cada 100 siniestros declarados al seguro en España seis son intentos de estafa.
Línea Directa también ha querido comprobar la evolución del mapa del fraude en España de acuerdo a su propia cartera de clientes, algo que ya hizo en las dos ediciones anteriores del Barómetro.
Así, según los resultados, las provincias de Cuenca, Murcia y Jaén son los territorios con más fraudes, mientras que Soria, Salamanca y Burgos arrojan los índices más bajos.
A su vez, las dos provincias extremeñas se sitúan por debajo de la media nacional, Badajoz con un 5,3 por ciento y Cáceres con un 5,1 por ciento, informa Línea Directa en nota de prensa.
CUANTÍA MEDIA
La cuantía media de cada intento de estafa en España ronda los 1.284 euros, un 45 por ciento más que en 2013, aunque se registran variaciones importantes entre unas provincias y otras. Huesca, Lugo y Almería son los territorios con cuantías medias más altas, con 4.800 euros, 3.600 euros, y 3.200 euros, respectivamente.
En el lado contrario se sitúan Segovia, Zamora y Zaragoza como las provincias que menor importe medio defraudan a las compañías aseguradoras, con unos costes medios por fraude de 230 euros, 301 euros, 390 euros y, respectivamente.
En el caso de Extremadura, Badajoz es la quinta provincia española con un importe más bajo, 468 euros, mientras que en Cáceres esta cuantía asciende a 1.000 euros.
Por último, la encuesta arroja el dato de que el 78 por ciento de los conductores extremeños (más de 523.000), un porcentaje superior a la media nacional del 73 por ciento, afirma que no tendría ningún problema en denunciar a alguien si obtuviera un beneficio económico directo a cambio, una práctica "muy habitual" en países como Estados Unidos o Reino Unido.
