“Donde hay educación no hay distinción de clases” (Confucio). Si hay una razón de peso por la que la democracia se ha convertido en la forma de gobierno predilecta de la mayor parte de las naciones, es la ventaja de resolver la decisión de los ciudadanos sin necesidad de descalificarse o enfrentarse. La permeable relación de las redes sociales, los programas de televisión, la prensa y las instituciones políticas ha conducido a la frivolización de temas trascendentes y a parcializar la información con fines partidistas. Sin embargo, resulta lamentable que dinámicas de tele-circos diseñadas para ganar audiencia mediante la humillación y el desprecio contaminen la opinión política y desvíen la atención de los acuerdos de Estado.
No deja de ser llamativo la alarma que ha causado entre los sectores más conservadores la pluralidad de congresistas que conforman la cámara esta legislatura. Deberíamos recordar que el pegamento que mantiene unido a un país no es la homogeneidad de sus ciudadanos, sino el respeto que entre ellos se tienen pese a sus diferencias. De nuevo, el manido e irrespetuoso clasismo no ha tardado en descalificar a sus oponentes políticos por su aspecto o su origen socioeconómico, en lugar de hacerlo por su mala gestión o su falta de honradez. Aquellos que quieren hacer pasar la pluralidad democrática por oclocracia (el gobierno de la muchedumbre o el populacho), desprecian y ofenden desde una autocreída posición de superioridad, que nada tiene que ver con la posición que de hecho ocupan sin el apoyo de la mayoría plural. En segundo lugar, la descalificación a la persona y no a sus actos (la tradicional falacia ad hominem “envenenando el pozo”) dice más de quien ofende que del ofendido; como su incapacidad de defenderse con argumentos sólidos, el intento desesperado de influir en la opinión pública en lugar de preocuparse de solucionar los asuntos públicos o el propósito de perpetuar modelos de gestión que cuentan con centenares de imputados y decenas de condenados por corrupción.
En relación a este fenómeno aparecen siempre dos temas: uno es el perfil de los gobernantes y otro es el tratamiento de la información sobre asuntos políticos. Deberíamos considerar seriamente la revisión de los requisitos para acceder a un cargo político, tales como la formación y la experiencia. No es un tema nuevo, ni mucho menos, ya que en la Inglaterra del siglo XIX el escritor Robert Louis Stevenson ya advertía que “la política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación”. No parece descabellado pedir que la formación y la experiencia de una persona que va a ocupar un cargo público sean afines con el puesto que va a desempeñar. ¿Por qué los requisitos de acceso a un puesto en una empresa o una institución no son equivalentes a los de las cámaras del gobierno o de los partidos políticos? La eficiencia en la gestión de los problemas del Estado no va a depender de la indumentaria o el peinado que los políticos tengan (pudiéndose regular si la mayoría lo desea), sino de las capacidades que haya desarrollado en puestos similares, del deseo de anteponer el bien común al particular (desgraciadamente escaso debido a la corrupción) y a la negociación con empresas, sindicatos y otras formaciones políticas. Es bochornoso descubrir que el currículum, la experiencia y los idiomas que maneja un becario de cualquier empresa son superiores a los de un concejal, un diputado, un congresista o incluso un presidente, en algunos casos.
Por otro lado, la exigencia de rigor y objetividad a los medios de información. El hecho de que los principales medios de comunicación sean parciales y ofrezcan información orientada (que no sesgada, obligatoriamente) convierte el género informativo de la noticia en un trampantojo consentido, que poco se diferencia de una columna de opinión con datos estadísticos. El tratamiento de la información, la focalización en determinados temas, la cada vez mayor influencia de las redes sociales y la toma de rumores como datos, hacen que algunos medios de prensa, de internet y de televisión adulteren los hechos, focalicen o desvíen la atención (afortunadamente, no todos). Ortega y Gasset decía que no alcanzamos nunca la verdad y que lo más parecido que tenemos es la suma de perspectivas complementarias, por lo que la responsabilidad del ciudadano que desea estar informado adecuadamente y actuar políticamente en consecuencia es contrastar la información.
Después de todo, si queremos mantener un Estado de Derecho, de derechos y deberes, plural, democrático y en paz, es esencial el respeto y que el único castigo que haya se dé en los colegios electorales y en los juzgados; atendiendo a las acciones perjudicionales para la mayoría y no a intereses individuales, criterios clasistas o estéticos, que no aportan nada. “Al tratar del Estado debemos recordar que sus instituciones no son aborígenes, aunque existieran antes de que nosotros naciéramos; que no son superiores al ciudadano; que cada una de ellas ha sido el acto de un solo hombre, pues cada ley y cada costumbre ha sido particular; que todas ellas son imitables y alterables, y que nosotros las podemos hacer igualmente buenas o mejores” (Ralph Waldo Emerson).
