El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Vivienda, Saturnino López, ha asegurado que el Protocolo de Desahucio y Lanzamiento de las Viviendas de Promoción Pública, propiedad de la Junta de Extremadura, está “vacío de contenido” y “no contribuye con ningún mecanismo” que permita erradicar este problema social. Así, López ha calificado de “producto engañoso” el documento rubricado la semana pasada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, colectivos afectados y el Ayuntamiento de Mérida.
En palabras de López, el acto para la firma de este protocolo, “que ya fue invalidado” por el Campamento Dignidad “tras conocer su alcance” y “la verdadera intención” del Ejecutivo regional, se trató de una “escenificación”, “propia de los montajes” a los que, “tristemente nos tiene acostumbrados” el consejero del ramo, José María Vergeles. Sin embargo, ha dicho, este documento “no aporta nada nuevo” para luchar contra los efectos de los desahucios, “que se están produciendo en Extremadura, con un gobierno socialista”. Por ese motivo, ha añadido que los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia “no” firmarán este protocolo. “Los ciudadanos piden mucho más rigor y menos improvisación” y “no estamos para perder el tiempo en estampar firmas inservibles” ni “en colaborar en la creación de los instrumentos útiles tan sólo para ratificar desahucios”, ha subrayado el diputado 'popular'.
MESAS DE TRABAJO MUNICIPALES
Asimismo, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular se ha referido a las llamadas Mesas de Trabajo municipales, contempladas en dicho protocolo, y que, según ha puntualizado, “no” tienen asignadas funciones. “A los grupos políticos con representación en el pleno del ayuntamiento se le asignan en el protocolo únicamente dos cometidos, que son recibir información de la Junta y denunciar a instancia de cualquiera de los miembros situaciones irregulares que afecten a viviendas de promoción pública del parque de vivienda de la Junta de Extremadura”, ha explicado. Al respecto, ha añadido que los ayuntamientos “ya reciben información directa de sus Servicios Sociales de Base” sobre los casos de desahucio que les afectan “sin necesidad de acudir” a esas mesas y, con respecto a la “función delatora” que se les quiere atribuir, “desde el PP consideramos que es una obligación de la propia Junta de Extremadura, a través de sus servicios de inspección y no de los concejales de los ayuntamientos”, ha puntualizado.
En este sentido, López ha defendido que las decisiones relativas a desahucios deben ser adoptadas por la Comisión Técnica de Intervención Social, de la que forman parte ocho trabajadores sociales y técnicos de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, quienes hasta ahora “analizaban personalmente la situación de cada una de las familias, contando con la información proporcionada por los trabajadores sociales de todos los ayuntamientos mayores de 7.000 habitantes”, con el fin de garantizar que cualquier desahucio que se produzca esté “técnica y socialmente justificado”. “No queremos que las decisiones se tomen en base a lo que se decida en esta Mesa de seguimiento y control, sino en función a los meticulosos informes de los técnicos y trabajadores sociales”, ha insistido, al mismo tiempo que ha exigido que las políticas de desahucios se debatan en el Parlamento de Extremadura, “con luz y taquígrafos”. AUSENCIA DE
POLÍTICAS DE VIVIENDA
Además, Saturnino López ha lamentado que, mientras el Ejecutivo autonómico se dedica a “escenificar protocolos fallidos”, en la región se producen desahucios que “reconoce por escrito la propia Junta” y que están reflejados en los datos del Consejo General del Poder Judicial, que revelan que en el tercer trimestre de 2015 “se registraron 109 lanzamientos y se iniciaron 224 procesos de ejecución hipotecaria”, ha explicado. “La realidad es que no se están tomando medidas en política de Vivienda”, ha criticado el diputado 'popular', quien ha enumerado los “incumplimientos de la Junta” en esta materia, empezando por el hecho de que “no hay acuerdo con la SAREB para la cesión o compra de parte de sus stock de pisos para dedicarlo a viviendas con fines sociales, como se prometió”. Asimismo, ha señalado que “no” hay protocolo firmado con entidades bancarias asentadas en nuestra región para destinar un paquete importante de su parque de viviendas a familias que lo necesiten, y que “no” se sabe “nada” de los protocolos con las dos diputaciones provinciales para la intermediación bancaria.
También, ha criticado que el decreto de medidas extraordinarias contra la exclusión social “está paralizado”, que el anteproyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda “se limita a copiar los artículos del decreto andaluz, que fueron declarados inconstitucionales” y que los presupuestos devueltos a la Junta contemplaban una reducción de cuatro millones de euros destinados a Vivienda.
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