El Grupo Parlamentario Socialista-SIEX ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso para que la Junta lidere la creación de un foro abierto a la sociedad civil que contribuya a la "defensa" de la dehesa ante la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).
También se pretende buscar estrategias y lograr que las autoridades comunitarias ayuden a la región a afrontar los "problemas" derivados de la aplicación de los coeficientes de pastos las superficies ganaderas.
En concreto, según la propuesta socialista, que busca el apoyo de "todos" los grupos parlamentarios a la situación que se plantea, se aspira a establecer una estrategia para lograr "apoyos" de todas las instituciones y agentes implicados para que se reclame a las autoridades comunitarias que se ayude a Extremadura ante los "problemas" que genera la aplicación de coeficientes de pastos sobre las superficies ganaderas en la nueva PAC.
Según la propuesta, la explotación racional de la dehesa, desde el punto de vista medioambiental debe recoger prácticas de rotación de cultivos, aprovechamientos de rastrojeras, mejora de pastos, explotación forestal y, desde luego, ganadera, explica el Grupo Socialista en nota de prensa.
Es, por tanto, un aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal "sin que ninguna de las actividades pueda desvincularse de la otra", según el Grupo Socialista, que añade que de ahí la "necesidad" de que la normativa contemple las peculiaridades de los sistemas agrosilvopastoriles.
ASIGNACIÓN DE DERECHOS
En ese sentido, el Grupo Socialista-SIEX mantiene que la asignación de derechos por regiones a cada agricultor y la fijación de las superficies a una región determinada que ha supuesto la aplicación de la nueva PAC es "contraria al mantenimiento" de la dehesa como sistema "único".
Considera así que es "necesario" llevar a cabo una diferenciación de estas superficies y contemplar en la normativa "adecuadamente" los usos de la misma para que no se generen ni limitaciones a la actividad ni sanciones.
En la propuesta de impulso presentada por los socialistas se defiende, también, que la "indefinición" normativa a nivel comunitario y nacional ha supuesto el que algunas comunidades autónomas tengan que soportar "sanciones por corresponsabilidad financiera que han sido decididas por las autoridades comunitarias".
Dichas sanciones, según añade, "no se pueden volver a repetir, toda vez que hay otras arrastradas del periodo 2011-2014 que hay que intentar frenar".
Finalmente, entiende que la Junta de Extremadura debe articular una "estrategia definida" en este sentido "apoyada" con las aportaciones que la sociedad civil crea "conveniente" realizar.
