Los partidos de la oposición en Extremadura han sumado sus fuerzas para sacar adelante una iniciativa en virtud de la cual se insta a la Junta a realizar las gestiones necesarias para que el personal despedido por el ERE de Tragsatec, en total 61 trabajadores, sea contratado por la empresa publica extremeña GPEx.
La propuesta, presentada por Podemos, reclama asimismo al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara a no renovar el contrato de saneamiento ganadero con Tragsatec, y que éste sea asimismo encomendado a GPEx, contratando asimismo a los más de 300 trabajadores con los que cuenta la empresa estatal en la región.
En concreto, la iniciativa insta a la Junta realizar las gestiones oportunas para que el personal despedido en el PDC de Tragsatec pueda ser contratado por su Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) u otras empresas públicas que procedan, de manera "inmediata" y que en dichas contrataciones se les reconocieran sus derechos adquiridos anteriormente como empleados públicos teniendo en cuenta la antigüedad y condiciones laborales (personal indefinido).
Por otro lado, a la "no renovación del contrato de saneamiento ganadero con Tragsatec para el próximo año, realizando dicha encomienda de gestión a través de GPEX, contribuyendo con ello al fomento del empleo digno y estable y evitando de esta manera su contribución a la precarización del mercado laboral".
La iniciativa ha sido apoyada tanto por el Grupo Popular como por Ciudadanos, de modo que el PSOE se ha quedado en minoría al no recabar ningún apoyo, a pesar de que la diputada socialista María Teresa Macías ha desvelado que la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha alcanzado en sus conversaciones con Tragsatec el "compromiso" de la empresa de ampliar su plantilla, y a hacerlo con trabajadores con experiencia, lo que abriría la puerta a contratar a los empleados afectados por el ERE.
En la defensa de la iniciativa, el diputado de Podemos Daniel Hierro, que ha insistido en que el ERE no era necesario, ha señalado que este es un nuevo caso en el que el poder económico "se ha reído del poder político", pues al poco tiempo de ejecutar los despidos ha ofertado de nuevo los puestos de trabajo en condiciones menos favorables, lo que demuestra que el objetivo de la empresa no era otro que "precarizar las condiciones de trabajo".
Al respecto, ha pedido a la Junta de Extremadura que actúe como ya ha hecho Asturias, donde se ha decidido no renovar el contrato para la realización de las campañas de saneamiento con Tragsatec, y que esta sea encomendada a GPEx, empresa pública de la propia administración regional, que podría realizar esta labor "por muy poco dinero más".
Con ello se lograría el doble objetivo de fomentar el "empleo estable", al tiempo de realizar una "advertencia" a otras empresas de que deben respetar las cláusulas sociales que el propio Ejecutivo de Fernández Vara promueve.
"SE ACABÓ AGUANTAR A TRAGSATEC"
Por su parte, El diputado del Grupo Popular José Antonio Echávarri, y anterior consejero con las competencias en sanidad animal del Gobierno de José Antonio Monago, ha justificado su apoyo a la propuesta de Podemos argumentado que siempre ha defendido lo mismo para los trabajadores de Tragsatec.
En este sentido, ha pedido coherencia al diputado de Podemos, al recordarle que la decisión adoptada en Asturias la propició una iniciativa planteada por el PP en la que la formación morada su abstuvo.
En cualquier caso, ha señalado que los 'populares' están "completamente de acuerdo" con la propuesta de Podemos, al tiempo que ha remarcado que "se acabó aguantar a Tragsatec si no cumple lo que le pide la Junta".
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha recordado que su grupo presentó la primera iniciativa a favor de los trabajadores de Tragsatec, y ha pedido a la Junta que ahora es el turno de demostrar si está o no del lado de los trabajadores.
"COMPROMISO" DE LA EMPRESA
Por su parte, la diputada socialista María Teresa Macías ha recriminado al resto de grupos parlamentarios que no hayan apoyado a la Junta en su actuación en defensa de los trabajadores, al tiempo que ha sugerido que la iniciativa aprobada hoy podría entorpecer las conversaciones llevadas a cabo por la consejera con Tragsatec con el fin de buscar una solución al problema de los trabajadores despedidos.
Unas conversaciones que la consejera explicará "cuando pueda" y "con pelos y señales" lo que está realizando en este sentido, si bien ha avanzado que fruto de esta labor existe "una vía abierta y un canal de diálogo" del cual se ha obtenido como resultado un "compromiso".
Dicho compromiso se refiere a la intención de la empresa de "recuperar los niveles de sanidad" en la comunidad, para lo cual necesita ampliar su plantilla con trabajadores con experiencia, con lo que tendría que dar entrada a los empleados afectados por el ERE.
