El Servicio Extremeño de Atención y Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) atiende a 22.250 extremeños en situación de dependencia, según los datos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que reflejan "el importante cambio de rumbo" experimentado por la región en el último semestre de 2015 en la aplicación de la Ley de la Dependencia.
Mientras en el primer semestre de 2015 el número de solicitudes fue de 786, en el segundo semestre alcanzó la cifra de 2.351, lo que para la directora gerente del Sepad, Consolación Serrano, supone una “recuperación de la confianza” de los ciudadanos, según ha señalado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
En los expedientes, valorados también, se ha producido un cambio de rumbo, y se ha pasado de los 415 en el primer semestre del pasado año, a los 1.077 en el segundo semestre. Otro tanto ha ocurrido respecto al número de nuevas personas atendidas, y se ha pasado de las 44 del primer semestre de 2015 a las 501 del segundo.
Por ello, Consolación Serrano ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia en el que Extremadura y otras doce comunidades autónomas suspenden en su aplicación.
En una entrevista en Canal Extremadura Radio, Serrano ha advertido que dicho informe “ha endurecido los criterios de valoración” y ha puesto como ejemplo el número de dependientes de grado 1 que están pendientes de ser atendidos.
“Cómo no vamos a suspender si tenemos 9.000 personas con grado 1 a los que se les congeló el derecho desde 2012”. En ese sentido, ha dicho que la Junta de Extremadura ya ha empezado a incorporar a esas personas para que “recuperen ese derecho”.
El informe también revela que en el número de beneficiarios en relación a la población potencialmente dependiente, Extremadura está por encima de la media nacional. Y respecto a la generación de empleo por gasto público es la segunda más alta de España. En el último año, la Ley de la Dependencia ha creado 409 nuevos empleos en Extremadura.
Serrano ha criticado el decreto de 2012 que supuso un “daño enorme” a la Ley de la Dependencia y cuya derogación ha pedido recientemente la Asamblea de Extremadura. Además, la ley tiene un problema de financiación, ya que el Estado lleva cuatro años sin cumplir con su obligación de aportar el 50% del coste de su aplicación.
“La ayuda estatal es del 27% y el resto lo pone la comunidad, por lo que Extremadura está haciendo un sobreesfuerzo”, ha declarado. La responsable del Sepad ha calificado el Madex como un buen marco para la atención a la dependencia pero que hay que reforzar “para garantizar su sostenibilidad”, ha concluido.
