La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura ha incidido en la devolución de los derechos suprimidos en materia de permisos, licencias y vacaciones de los empleados públicos en relación al proyecto de Ley de Presupuestos para 2016.
De este modo, dicha consejería “aboga por la eficacia e la gestión y la eficiencia en la asignación de recursos para el cumplimiento de sus competencias”, según ha asegurado este martes en rueda de prensa la secretaria general de este departamento, María Ascensión Murillo.
Murillo, que se ha pronunciado de esta forma antes de dar a conocer los detalles de su consejería en relación al proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Parlamento autonómico, ha indicado que esta consejería dispone de un montante de 68,1 millones de euros para el ejercicio económico del próximo año.
Se trata de un 42,4 por ciento menos que los presupuestado en 2015 (50,2 millones de euros menos) como consecuencia de la transferencia de créditos a favor de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se le otorga las competencias sobre Administración Local e Interior.
FUNCIÓN PÚBLICA
Además de las tareas de presupuestación, control de la gestión económico-financiera de la Junta de Extremadura y de los organismos dependientes; dirección y planificación de la contabilidad pública; información económico-financiera y gestión de los tributos; las políticas más destacables en los presupuestos de la consejería, según ha detallado la secretaria general, pasan por la recuperación de los derechos de los empleados públicos y la puesta en marcha de medidas para garantizar “el buen Gobierno y una Administración abierta y eficaz”.
De este modo, Murillo ha explicado que “estamos en pleno proceso de negociación con los sindicatos para implantar nuevas medidas que garanticen la conciliación de la vida personal y laboral de los empleados públicos”.
En este sentido, ha destacado alguna medida, como flexibilizar el horario en caso de tener a un hijo menor de 12 años enfermo; o partir licencias y permisos; así como reducir la jornada a 35 horas semanales “siempre respetando la normativa estatal”. De tal modo que sea posible “conciliar la vida laboral y familiar”.
Así, Murillo ha destacado que Extremadura, “cumpliendo con su compromiso”, ha sido la primera comunidad autónoma en restituir y devolver “íntegramente” la paga extra pendiente de 2012 a los empleados públicos.
Al tiempo que ha insistido en “cumplir con la palabra dada” sobre el incremento del 1 por ciento del salario de los empleados públicos en este 2016.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
De igual modo, la secretaria general ha detallado que desde el inicio de la legislatura, la consejería ha defendido la puesta en marcha de medidas “para garantizar el buen Gobierno y una administración abierta y cercana, que defienda los principios de transparencia, participación ciudadana y establezca un código ético de cargos públicos”.
También, ha incidido en la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en la contratación autonómica, como mecanismos para garantizar el respeto a los derechos laborales básicos, la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, combatir el paro o facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
“Así obligamos a las grandes empresas a declarar las subcontratas”, ha destacado Murillo, al mismo tiempo que ha asegurado que las empresas extremeñas “quieren que haya este tipo de cláusulas”.
Asimismo, la promoción de la calidad en el empleo, la promoción de la seguridad y salud laboral, la protección del medioambiente, la promoción de sistemas de producción respetuosos con el entorno y el impulso de la igualdad efectiva de mujer y hombres son otras de las premisas que se defienden con la incorporación de cláusulas sociales, ha manifestado Murillo.
De igual modo, ha informado de que en administración electrónica, la consejería cuenta con un presupuesto de 12,4 millones de euros. En dicha materia, Murillo ha destacado que lo que se pretende es financiar proyectos que permitan la modernización de la Administración y el acercamiento de ésta a los ciudadanos y las empresas en colaboración con la Administración local.
Además, la secretaria general ha detallado que para la modernización y adecuación de los centros TDT y medidas de reordenación del espacio radioeléctrico, la consejería dispone de un millón de euros para “seguir dotando de una señal de calidad a las zonas remotas y menos pobladas de Extremadura”.
Finalmente, ha explicado que en este segundo proyecto de presupuestos se produce un incremento de 1,6 millones de euros respecto al presentado en noviembre, motivado por la nueva estructura de la consejería “como consecuencia, entre otros motivos, de la creación de la Comisión Jurídica de Extremadura dentro de la Abogacía General”, ha concluido.
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