El PP de Extremadura ha señalado que la fórmula de contratación de celadores de los centros de salud que "pretende recuperar" la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es "ilegal" y "completamente irregular".
El coordinador del Grupo Parlamentario Popular en materia de Sanidad y Políticas Sociales, José Ángel Sánchez Juliá, ha explicado que esta fórmula ya fue aplicada por gobiernos anteriores del PSOE y que era "ilegal".
Sánchez Juliá ha indicado que la contratación de celadores por la vía de convenios con los ayuntamientos es "irregular", y que los extremeños tuvieron que pagar casi 700.000 euros en indemnizaciones como consecuencia de más de 30 sentencias "por cesión ilegal de trabajadores".
El diputado del PP ha añadido que este tipo de convenios empezaron a aplicarse en 2003, siendo el ahora presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, consejero de Sanidad, y se mantuvieron en el tiempo a pesar de que los Servicios Jurídicos advirtieron a la Junta de "la creciente litigiosidad ligada a su aplicación", en dos informes emitidos en 2009 y 2010.
En esos dos años, como ha explicado, el gobierno de Fernández Vara "hizo caso omiso" a las advertencias de los Servicios Jurídicos y "condenó a todos los extremeños a pagar con dinero de la sanidad las consecuencias de sus irregularidades".
"Se trata de un perjuicio importantísimo al sistema sanitario por el empeño del PSOE de saltarse la ley, porque las sentencias no las pagan con su dinero, sino con el dinero de todos", ha señalado el diputado 'popular'.
Según ha recordado Sánchez Juliá, la situación se revirtió en la pasada legislatura, con la decisión de no continuar con la aplicación de este tipo de convenios, y con la creación en mesa sectorial, en enero de 2015, de las funciones de Atención Continuada dentro de la categoría de celadores, "que es la vía que debe aplicar el SES para proveer este tipo de puestos de trabajo".
AYUNTAMIENTOS Y JUNTA, "CONDENADOS"
Sánchez Juliá ha recordado que las sentencias judiciales condenaron tanto a la Junta de Extremadura como a los ayuntamientos porque dicho convenio "recaía en una cesión ilegal de trabajadores".
A los ayuntamientos se les "condenó" a la incorporación de los trabajadores a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los consistorios, y a la Junta "a pagar cuantiosas indemnizaciones".
En este sentido, el diputado ha advertido tanto a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) como a los municipios de que este tipo de mecanismo "supone una fuente de conflictos y litigios derivados del acceso irregular a la función pública de empleados al servicio de las instituciones sanitarias".
"Es un escándalo que la Junta, otra vez con Vara como presidente, vuelva a esta actitud negligente", ha valorado Sánchez Juliá, quien ha insistido en que lo que "debe" hacer el gobierno regional es contratar a celadores "allí donde hagan falta", aplicando los acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores.
Los celadores que se contraten "deben proceder de la bolsa del SES, como marca la normativa, y no de apaños que de antemano se sabe que son ilegales y que ya le han costado un ojo de la cara a todos los extremeños", ha reiterado el coordinador de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular.
Sánchez Juliá ha concluido calificando de "perverso" que la Junta "intente vender esta irregularidad como una recuperación de derechos, cuando lo que tiene que hacer es aplicar los acuerdos de la mesa sectorial".
