Me he permitido parafrasear el famoso poema de Gabriel Celaya, “La poesía es un arma cargada de futuro” para titular este artículo porque, en mi opinión, las cláusulas sociales también se configuran como elementos de transformación política y social. Así lo ha entendido y reivindicado siempre CCOO.
Las cláusulas sociales son una herramienta para la acción política de una Gobierno y se concretan en la fijación de requisitos sociales, éticos o medioambientales en la contratación pública. Es decir, las cláusulas sociales suponen para una Administración Pública, en su faceta de empresa, incluir criterios de responsabilidad social en sus decisiones de gestión y administración.
Así contratación y subvenciones públicas dejan de ser consideradas como meras técnicas administrativas para ser un instrumento de las políticas públicas y los criterios y principios hasta ahora utilizados, como la libre concurrencia o el coste, dejan paso a otros de carácter ético, social o medioambiental.
Como elemento de transformación social, la utilización de clausulas sociales conlleva un cambio en la concepción del papel de las administraciones en el ejercicio de una contratación pública responsable, ya sea de obras, suministros o servicios, además de tener un significativo impacto significativo en el mercado y en el empleo.
Desde este enfoque, las cláusulas sociales son una herramienta para la cohesión social desde donde es posible incidir en la calidad en el empleo, la inserción sociolaboral, la igualdad entre mujeres y hombres o el medioambiente, entre otros ámbitos. Es decir, las cláusulas sociales suponen para un Gobierno, en su acción política, un refuerzo a las políticas de igualdad de oportunidades.
Lo expuesto hasta ahora no es solo literatura política, hay cuantiosas experiencias, buenas prácticas y aplicaciones concretas de cláusulas sociales en la contratación pública española. Lo novedoso y que motiva este escrito, es su articulación normativa en Extremadura. Una decisión de la que ha sido coparticipe CCOO de Extremadura porque ha formado parte del proceso de Concertación Social que se retomó pasadas las últimas elecciones autonómicas, en el 2015.
En efecto, a principios del pasado mes de marzo y previa aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, se publica en el Diario Oficial “La Instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público”.
Una decisión potente y comprometida, fruto del Diálogo Social, que en si misma tiene, o debe tener, un impacto transformador en la economía extremeña, en el empleo de calidad, en la igualdad entre mujeres y hombres, en la prevención de riesgos laborales o en sostenibilidad, etc. Pero tiene, además, un efecto ejemplar fácilmente transferibles a otros ámbitos como la negociación colectiva o a las propias empresas extremeñas, en la búsqueda de modelos de relaciones laborales y de empresas justas, igualitarias, innovadoras y socialmente responsables.
