El Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura la propuesta de impulso formulada por el PP para instar a la Junta de Extremadura a "cumplir el calendario" de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales.
Esta propuesta de impulso ha contado con los votos en contra del PSOE, la abstención de Podemos y los votos a favor del PP y Ciudadanos, en el pleno que se celebra este jueves de la Asamblea de Extremadura.
Esta ley de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura fue aprobada en abril de 2015, por el anterior equipo de gobierno del Ejecutivo autonómico.
En el turno de defensa de esta propuesta de impulso, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Felisa Cepeda ha manifestado que esta Ley de Servicios Sociales, que se aprobó en la legislatura pasada por el PP, IU y PSOE, suponía "una revisión profunda" a la "obsoleta" ley de 1987.
Esta ley de Servicios Sociales quería dar "cobertura universal" a toda la población, por lo que el objetivo era "garantizar" el derecho "subjetivo y universal" de la ciudadanía al sistema público de servicios sociales, para "promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas", ha señalado la diputada del PP.
Además, apunta Cepeda, la ley tiene el objeto de "regular y organizar" el sistema público de Servicios Sociales, y establecer "los mecanismos de coordinación de trabajo" en red de dicho sistema.
María Felisa Cepeda ha añadido que la Ley de Servicios Sociales establece un calendario "básico" para su desarrollo, fijando una serie de plazos, como para la constitución del Consejo Asesor, fijada en seis meses y que todavía "no se ha procedido" a su formación.
Este Consejo Asesor es un órgano "consultivo" con participación de los ciudadanos, del Tercer Sector y de la iniciativa privada, para la "planificación, la gestión y la evaluación" del sistema público de Servicios Sociales, por lo que su formación es "fundamental" para el desarrollo de la ley.
La diputada autonómica del PP ha explicado que la ley también reflejaba que en el plazo de un año, que ya se ha cumplido, la Junta "debía desarrollar y regular" el sistema de información de Servicios Sociales.
Además, "con esta nueva ley se elimina el carácter asistencialista" de los Servicios Sociales, ha indicado María Felisa Cepeda, quien ha añadido que también se ha "conocido por los medios de comunicación" que la Junta está trabajando en la elaboración de un mapa regional sociosanitario que "mantenga una correspondencia entre los recursos sanitarios y políticas sociales".
Por lo tanto, Cepeda ha señalado que su Grupo Parlamentario se ha visto en la "obligación" de pedir al Ejecutivo regional que se de cumplimiento al calendario para el desarrollo de la ley.
FIJACIÓN DE POSICIONES
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista-SIEx Estrella Gordillo ha manifestado que la ley de Servicios Sociales nació con "importantes defectos y limitaciones" que hacen "difícil" su aplicación.
Además, en la creación de esta ley "no hubo diálogo", "carece" de líneas de financiación, y tiene un "conflicto claro de competencias" con la ley estatal impulsada por el Gobierno de España.
Estrella Gordillo ha añadido que la ley "abre la puerta" a la privatización y que una reforma de "este calado" no se puede tratar " de forma urgente", por lo que la Junta de Extremadura ha ampliado en 1,7 millones de euros el presupuesto en Servicios Sociales para "tapar los agujeros" que tiene esta ley.
Por otro lado, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Daniel Hierro ha señalado que la ley "venía a privatizar" los Servicios Sociales, por lo que ha añadido que "hacer negocio con estas cuestiones no es bonito".
En cuanto a la formación del Consejo Asesor, Daniel Hierro ha añadido que hay una "separación" entre el "ritmo de la calle y el ritmo de las instituciones", porque hay movimientos sociales "muy activos" y que trabajan con la ciudadanía que no estarán representados en este órgano.
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que puede que la razón por la que no esté en marcha la ley sea porque la Junta "no esté de acuerdo con ella o incluso le disguste", pero que está "aprobada y hay que cumplirla".
Domínguez ha añadido que no le "sorprende esa falta de voluntad" del Ejecutivo autonómico para esta ley tan "importante", ya que también han sido "desoídas" otras medidas de "menor rango" impulsadas en la Asamblea de Extremadura, como la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex).
Para finalizar el debate de la propuesta de impulso, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Felisa Cepeda ha recalcado que este ley "no abre las puertas a la privatización", ya que la propuesta viene de los trabajadores sociales.
Asimismo, en respuesta a Estrella Gordillo, Cepeda ha señalado que si "era de imposible cumplimiento" esta ley, como que el PSOE voto a favor de ella en la legislatura pasada.
