El Grupo Socialista-SIEX en la Asamblea de Extremadura ha registrado este viernes una propuesta de pronunciamiento en la que se pide instar al Gobierno de España a ordenar a la Agencia Tributaria que paralice la tributación de las costas judiciales derivadas de las reclamaciones y pleitos llevados a cabo por los afectados por las preferentes y subordinadas.
Asimismo, los socialistas piden que se ordene a la Agencia Tributaria que regule las tributaciones ya efectuadas por este mismo concepto, según ha informado el Grupo Socialista en nota de prensa.
Según han recordado los socialistas en la justificación de su propuesta de pronunciamiento, en España las entidades bancarias ofrecieron a inversores particulares hace ya unos años unos productos bancarios denominados preferentes y subordinadas que se presentaban como una renta fija cuando, en realidad, "no lo eran".
"Además, se vendían a inversores inexpertos que creían que realizaban una inversión segura, al ofrecerles productos con una rentabilidad algo mayor que otros de renta fija. En cualquier caso, nunca se justificaba el riesgo asumido", ha indicado.
De este modo, el "desconocimiento" de los inversores sobre las condiciones de contratación, así como la imposibilidad de recuperar el dinero invertido ha llevado a algunos observadores económicos a considerar a las preferentes y subordinadas como una "verdadera estafa perpetrada por las entidades bancarias".
Esta situación ha dado lugar a "numerosas protestas" de los usuarios, reclamaciones y pleitos judiciales ante la "falta de protección legal existentes para los ciudadanos", ha recalcado el Grupo Parlamentario Socialista.
Asimismo, dichas reclamaciones y pleitos se están saldando, en su mayoría, con sentencias favorables para los afectados y, en consecuencia, se obliga a las entidades financieras que comercializaron estas preferentes y subordinadas a abonar los gastos judiciales de estos procesos.
No obstante, para los socialistas, ha sido "toda una sorpresa "comprobar cómo la Agencia Tributaria está obligando, ahora, a estos afectados a tributar en el IRPF por las costas judiciales derivadas de estas reclamaciones y pleitos judiciales.
