Semana convulsa esta que acabamos de dejar, en la que por circunstancias poco agradables, el negocio corchero ha estado de actualidad en nuestra región.
El pasado martes, tuvo lugar en Mérida una manifestación convocada por la Asociación de Servicios Forestales de Extremadura (ASEFOREX), “de tipo informativo y pacífica” según los convocantes, para dar voz a un gran problema que atañe a la saca de corcho, pero que lamentablemente, al final y fuera del escenario de las protestas, derivó en una serie de altercados poco constructivos entre un reducido grupo de manifestantes y la policía. El interés mediático ha puesto más el acento en estos hechos poco usuales en nuestro territorio, que al verdadero asunto que se fue a poner de manifiesto a la capital de la región, que no era otro que las dificultades que tienen hoy por hoy las empresas y propietarios de alcornocales para llevar a cabo de forma normal la saca de corcho, podas y otras operaciones auxiliares, por problemas del ajuste legal en materia de prevención de riesgos laborales.
Nuestro marco legal actual en la materia queda reducido exclusivamente a la ley general de prevención del año 1995, no existiendo disposiciones específicas para las operaciones que afectan a la saca de corcho, una actividad centenaria tremendamente importante para nuestra región.
En concreto debemos referirnos a las consideraciones generales de dicha ley relativas a los trabajos de altura (en genérico) para abordar los requerimientos de seguridad que atañen a las actividades profesionales desarrolladas a más de dos metros de altura, las cuáles, deben estar sujetas a medidas preventivas basadas en el uso de equipos protección individual o colectiva.
Esta cuestión es razonable incluso teniendo en cuenta la bajísima siniestralidad laboral que hay en las operaciones referidas, puesto que a pesar de todo, se han de evitar riesgos innecesarios.
El problema versa fundamentalmente en el hecho de que siendo como es una “actividad marginal” si consideramos el resto de actividades empresariales, no existen actualmente alternativas ergonómicas en el mercado para este tipo de útiles de prevención, y por lo tanto los que hay no se ajustan a la realidad de las operaciones, y esto lleva a que los trabajos en este escenario sean tremendamente complejos con equipos empleados en otros sectores como es el de la construcción, y por lo tanto, generen mucho rechazo.
Hasta hace un tiempo está cuestión se ha mantenido en un cierto segundo plano por parte de los estamentos administrativos dada la complejidad del problema, pero a tenor de algunos siniestros recientes acontecidos, otra vez ha cobrado fuerza la necesidad de paliar esta deficiencia.
Como consecuencia de ello los estamentos públicos y privados involucrados, esto es, el Instituto Promoción del Corcho (IPROCOR), la Confederación Extremeña de Empresarios (CREEX), la Inspección de Trabajo y la propia ASEFOREX, llevan trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de un documento técnico-científico en el que se describan las singularidades de las actividades forestales en cuestión, para elevarlo así a los órganos nacionales con competencias en prevención, quienes serán los que evalúen así las necesidades y emitan una solución técnica pertinente, siendo esto un proceso que transcurrirá a corto-medio plazo. Hasta entonces, el empresario alberga en su haber una total responsabilidad con los medios actuales.
Todas estas cuestiones son las que, según ASEFOREX, se fueron a informar a los convocados a la manifestación, y así lo corrobora el dossier que se entregó a los manifestantes.
La explicación a la crispación que haya podido existir por parte de algunos hay que buscarla en el hecho de que los ánimos estaban muy caldeados, ya que ha estado circulando un cierto rumor desde hace tiempo que apuntaba a que dadas las circunstancias y el posible endurecimiento de las inspecciones y sanciones pertinentes que pudieran derivarse en la campaña que comenzará en breve, la propia saca corría peligro de no llevarse a cabo, bien por medidas de presión desde los empresarios o por la paralización administrativa de la actividad.
Sin polemizar ni entrar en debates que no sean los que acontecen al problema, y tras las fuentes consultadas que no son más que la propia ASEFOREX (voz autorizada entiendo yo en estos menesteres) y la propia administración, extraigo como conclusión que tanto unos como otros coinciden en que efectivamente se está trabajando en solventar un problema que existe, que requiere de soluciones técnicas acordes con la realidad de la actividad de la que estamos hablando, que se cuenta con un equipo de técnicos trabajando en ello (muy válidos, por cierto), y que existe una total disponibilidad en buscar soluciones por parte de todas las partes interesadas, además nunca poniendo en entredicho una actividad tan importante para la economía regional como es la Saca.
Dejemos por lo tanto que la cordura y el saber hacer de cada protagonista en la materia de lugar a que se encuentre una fructífera y rápida alternativa, que permita que una actividad tan importante para nuestra región se lleve a cabo de una forma eficaz, eficiente, efectiva y segura.
