El portavoz de Hacienda del PP de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha pedido al Gobierno regional que tome medidas ante la reestructuración que va a llevar a cabo Liberbank, grupo financiero al que pertenece Caja Extremadura, la cual supondrá el cierre de 79 oficinas en la región y la pérdida de 198 puestos de trabajo.
Para ello, el PP ha solicitado la comparecencia de la consejera de Hacienda, Pilar Blanco, en el Pleno de la Asamblea que tendrá lugar este jueves y en el que se pedirán explicaciones sobre la postura del Ejecutivo regional ante lo que los 'populares' consideran "un varapalo" al sistema financiero extremeño.
Según ha explicado en rueda de prensa en Cáceres, la entidad tiene pensado cerrar cuatro oficinas en Badajoz, al igual que en Cáceres y otras tres en Mérida, entre otras repartidas por toda la región. Además, otras muchas se quedarán con un mero servicio de cajero sin empleados para autoservicio del cliente.
Por ello, Hernández Carrón ha señalado que "estamos ante un nuevo caso de la mina Aguablanca", en alusión a la pérdida de empleo que se producirá con la reestructuración de la entidad, lo cual llevará a las zonas rurales y a la personas mayores a "una exclusión financiera", ya que el acceso a Internet en estos casos "es prácticamente nulo".
El cierre de oficinas en localidades pequeñas llevará también a un "problema social", ha subrayado el diputado 'popular', ya que muchas pequeñas empresas locales no podrán acceder al crédito para sus negocios que les provenía de la antigua caja extremeña.
"Nuestra caja pierde su efecto social, económico y también el poder de la toma de decisiones", ha resaltado Carrón en referencia a la posibilidad de que Liberbank instale sus servicios centrales en Toledo lo que supondría, a su juicio, "descapitalizar Caceres", donde actualmente hay una sede social de la entidad.
Según los datos aportados por Carrón, de las cuatro comunidades autónomas en las que estaban asentadas las cajas que se fusionaron en Liberbank (Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura), la región extremeña es "la que peor parada sale" de este nuevo modelo organizativo, ya que supone el despido del 27,7 por ciento de la plantilla y el cierre del 37,8 por ciento de la red de oficinas.
Cabe recordar que actualmente Liberbank cuenta en Extremadura con unos 600 trabajadores, que son "casi la mitad" de los que tenía en 2011 cuando se llevó a cabo el proceso de fusión a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) por el que se convirtió en un banco integrado por Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
