El PP de Extremadura ha apuntado que los alumnos extremeños de 6º de Primaria saldrán "perjudicados" por el examen de evaluación final elaborado por el Ejecutivo autonómico en sustitución de la conocida como reválida que contempla la Lomce, ya que esta prueba no ofrecerá "datos fiables" para saber si los escolares "han alcanzado los objetivos de la etapa".
Así, los 'populares' han señalado que la Consejería de Educación y Empleo "ha permitido que los centros educativos elijan el modelo de prueba a seguir", lo que ha propiciado que la región esté "al margen de la ley en materia educativa", por lo que los datos que se obtengan en Extremadura no van a ser "rigurosos" ni "representativos".
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Pérez, ha insistido este jueves, día 9, en una rueda de prensa celebrada en Mérida, que el examen que se va a hacer en Extremadura "no va a servir absolutamente para nada".
Pilar Pérez ha añadido que la reválida que contempla la Lomce tiene fines "muy positivos" para aportar información de los alumnos de Primaria, pero que con el tipo de examen que se va a hacer los próximos lunes y martes, días 13 y 14, esos datos de los alumnos "no se van a conseguir".
Los 'populares' también han instado a la Consejería de Educación y Empleo a que "asuma las responsabilidades derivadas de la nefasta" y "bochornosa gestión" con respecto a la 'reválida' que se va a celebrar en la región.
En concreto, ha señalado que esta "bochornosa gestión" ha llevado a que Extremadura sea "titular a nivel nacional", tras recibir el requerimiento por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que "cumpla la ley con la evaluación final de 6º de Primaria", por lo que el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, "no puede decir" que en Extremadura "no se ha recibido ningún requerimiento".
Esta exigencia se refiere al "incumplimiento" de la ley en tres cuestiones "fundamentales", como en la evaluación final que ha organizado la Consejería de Educación y Empleo, ya que "no se van a aplicar los cuestionarios de contexto que establece la normativa educativa".
"GESTIÓN INEFICAZ Y DESASTROSA"
Según Pérez, en Extremadura se va a llevar a cabo una evaluación "final que no es tal evaluación final sino que es ordinaria y continua", mientras que la convocatoria reflejada en la Lomce tiene carácter "formativo, informativo y orientador", unos fines que no se alcanzarán en esta comunidad autónoma.
En esta situación, los "perjudicados van a ser los alumnos extremeños", por lo que la Consejería de Educación y Empleo tiene que "asumir responsabilidades", ya que durante esta legislatura en Extremadura en materia educativa ha habido "caos e incertidumbre".
Pilar Pérez ha añadido que Extremadura tiene una consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, que dice "Lomce no, Lomce sí, Lomce a mi manera", y el PP ha "recalcado desde el principio" que la evaluación de 6º de Primaria estaba "al margen de la ley" y "echando balones fuera para dejarle la responsabilidad a los centros educativos".
La portavoz de Educación ha señalado que las pruebas de evaluación final se van a celebrar en la región la semana que viene, "cuando hace más de un mes, estas pruebas se han realizado en otras comunidades autónomas cumplidoras", por lo que Esther Gutiérrez ha sumado a Extremadura "al carro de las comunidades autónomas incumplidoras".
HAY QUE "ASUMIR RESPONSABILIDADES"
Las pruebas se van a realizar en la última semana de curso, cuando los alumnos están realizando la evaluación final "ordinaria", por lo que van a tener que hacer también una "extraordinaria" por la "incompetencia" de la Consejería de Educación.
Además, los docentes "no van a tener apenas tiempo para poder elaborar el informe de evaluación preceptivo y prescriptivo" después de la evaluación final de 6º de Primaria.
Por último, Pilar Pérez ha manifestado que la Consejería de Educación y Empleo tiene que "asumir responsabilidades", y que si no lo hace, será el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien tenga que "tomar las riendas de la situación y asumir la responsabilidad".
Así, los perjudicados por esta situación en Extremadura "no pueden ser más de 10.000 alumnos, no pueden ser los docentes y no pueden ser sus familias", ha apostillado Pilar Pérez.
