El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se regula la colaboración entre la Administración regional y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica de la comunidad.
De acuerdo con el decreto aprobado, la colaboración entre la Junta y las entidades locales se formalizará mediante la firma de convenios, considerados como el instrumento "más eficaz" y "acorde" con la naturaleza de la prestación de información, valoración y orientación, superando el actual sistema de financiación a través de convocatoria anual de subvenciones.
En relación con los "compromisos económicos" asumidos por las partes en los correspondientes convenios de colaboración que se suscriban, se establece una diferencia en función de si el convenio de colaboración se establece con una entidad local con población superior o igual o inferior a los 20.000 habitantes.
Así, para los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales con población superior a los 20.000 habitantes, la Junta de Extremadura aportará, como máximo, el 90 por ciento de la financiación, y para los convenios de colaboración suscritos con las entidades con población igual o inferior a 20.000 habitantes, la Junta de Extremadura aportará, como máximo, el 99 por ciento de la financiación establecida.
De esta medida ha informado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
CONDUCTAS ADICTIVAS
Por otra parte, el Consejo de Gobierno extremeño ha aprobado la convocatoria de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de personas afectadas por conductas adictivas, por un importe global de 106.618 euros.
La finalidad de estas ayudas es el fomento de la reinserción social de esas personas mediante la financiación de los gastos generados por su incorporación al mercado laboral.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas privadas legalmente constituidas, las organizaciones no gubernamentales, los municipios y mancomunidades de la región y las personas físicas afectadas por conductas adictivas que pudieran incorporarse al mercado laboral a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Las personas a contratar con problemas derivados de las conductas adictivas deberán proceder de los centros ambulatorios y residenciales de atención a las conductas adictivas del Servicio Extremeño de Salud.
Asimismo, de los centros residenciales y centros de día de atención a las conductas adictivas no dependientes del Servicio Extremeño de Salud que sean beneficiarios de subvenciones concedidas por el citado organismo en el marco del Plan Integral de Drogas y otras Conductas Adictivas.
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES
De igual modo, el Consejo de Gobierno regional ha autorizado la convocatoria de ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura, y que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado laboral, por un importe de 269.510 euros.
La finalidad de estas ayudas es la contratación o el establecimiento como trabajadores autónomos de jóvenes, con edades comprendidas entre 16 y 25 años, que pertenezcan o hayan pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura y presenten especiales dificultades para acceder y mantenerse en el mercado laboral.
Podrán obtener estas ayudas las empresas privadas legalmente establecidas, las entidades privadas sin ánimo de lucro y los ayuntamientos de Extremadura, siempre que se comprometan a la contratación a jornada completa de un/a joven por un periodo no inferior a seis meses.
Asimismo, las personas físicas pertenecientes o procedentes del Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura, con edades comprendidas entre 16 y 25 años, que puedan incorporarse al mercado laboral mediante su establecimiento como trabajadores autónomos.
Los menores o jóvenes susceptibles de ser contratados por las entidades beneficiarias o, en su caso, de ser beneficiarios por establecerse como trabajadores autónomos en el marco de estas ayudas, deberán ser propuestos previamente por los equipos técnicos responsables de la inserción sociolaboral de los jóvenes del Sistema de Protección.
Serán seleccionados aquellos candidatos que obtengan mayor puntuación atendiendo a criterios sociales, familiares, económicos y de empleabilidad.
