Extremadura no aplica la exención del IBI sanitario y plantea una reforma tributaria sin subir la presión fiscal

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el proyecto de ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la comunidad, que "no" incrementa la presión fiscal en la región y que, además, en sus normas de acompañamiento no incluye la exención del IBI sanitario pretendida por la Administración autonómica.

El objetivo "fundamental" de dicha ley es "servir de apoyo al sostenimiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma con el compromiso de no incrementar la presión fiscal", a través de medidas tributarias, financieras y administrativas, "todas ellas en lo esencial vinculadas a la consecución de los objetivos de la ley de presupuestos (autonómica)".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha añadido que, una vez aprobado este martes el texto en Consejo de Gobierno autonómico, el proyecto de ley será remitido ahora a la Asamblea para su posterior tramitación, debate y aprobación.

Así, ha añadido que "es previsible" que "salvo algunas normas" las medidas contenidas en dicho proyecto de ley estarán en vigor "a partir del 1 de octubre de 2016".

La reforma, además, no tiene carácter general y se limita a la supresión de determinados beneficios tributarios, así como a la revisión de los tipos de gravamen.

Además, con la iniciativa la Junta se compromete en "luchar" contra el fraude fiscal con el fin de "mejorar" la eficacia recaudatoria en los ingresos para disminuir el nivel de endeudamiento.

MEDIDAS

En concreto, según ha explicado Blanco-Morales, la reforma fiscal tiene un impacto de casi 9 millones de euros, compensando el 1,5 millones del canon de saneamiento, y los cambios en el IRPF y en el impuesto de Patrimonio tendrían incidencia ya en el próximo ejercicio.

En esta línea, sobre el canon de saneamiento, se amplía el mínimo exento en 2 metros cúbicos por vivienda; y se excluyen del gravamen las necesidades más básicas; de tal forma que el ahorro contemplado sería de 1,5 millones de euros.

A su vez, en cuanto al IRPF, se mantienen en el proyecto de ley todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la que se refiere a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural; y la recaudación prevista asciende a 483.000 euros.

Por su parte, en el Impuesto de Patrimonio se modifica el mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000 euros; y la recaudación prevista asciende a 1,05 millones de euros.

Sobre el impuesto de Sucesiones, se mantienen todos los beneficios tributarios; y sobre el impuesto de Donaciones, se suprimen las bonificaciones del 99 por ciento, 95 por ciento y 90 por ciento y se mantienen el resto de beneficios tributarios establecidos.

Mientras, en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, se eleva al 1,5 por ciento el tipo de gravamen general, y se eleva al 3 por ciento el tipo de gravamen que recae sobre las escrituras públicas en las que se renuncia a la exención del IVA.

También, en el impuesto de Tributo sobre el Juego, se establece una cuota fija reducida para máquinas tipo B1 con apuestas limitadas a 10 céntimos; y la tasa fiscal se fija en 375 euros trimestrales, frente a los 850 euros de las B1 tradicionales.

TRIBUTOS PROPIOS

A su vez, en cuanto a tributos propios, según ha explicado la consejera de Hacienda, en el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente se incrementan los tipos de gravamen.

En concreto, se revisan las tarifas que gravan el transporte de energía eléctrica para instalaciones de tensión igual o superior a 400 kw; y el tipo de gravamen se fija en 1.200 euros frente a los 700 euros de las inferiores a 400 kw.

Igualmente, en el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos se incrementa en un 20 por ciento los tipos de gravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos.

En cuanto a tasas y precios públicos, se incrementan las tarifas por actividades administrativas en TV y radiodifusión; y se crea una tasa por actividades administrativas en Comunicación Audiovisual; así como se crea una tasa por uso compartido de canalizaciones en telecomunicaciones y otra por instalación de equipos radioeléctricos en edificios públicos.

LEYES DE ACOMPAÑAMIENTO

Por otra parte, el proyecto de ley incluye como leyes de acompañamiento diferentes medidas patrimoniales, financieras y administrativas.

Ello, según ha explicado Pilar Blanco-Morales-- responde a la prohibición por parte del Tribunal Constitucional de incluir en la Ley de Presupuestos medidas tributarias de carácter sustantivo, modificaciones de leyes específicas y medidas que no tengan vinculación con los estados de ingresos y gastos de carácter anual.

ELIMINACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL IBI

Asimismo, según ha explicado la consejera de Hacienda, en el proyecto de ley no se incluye la exención del IBI sanitario pretendida por la Administración regional, atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales que --ha dicho-- han formulado alegaciones y "en aras del consenso y del diálogo" entre las distintas administraciones públicas implicadas.

En todo caso, ha incidido en que la Junta va a "pagar" el IBI que "se adeuda a los ayuntamientos y que el Gobierno (regional) del PP dejó de pagar", lo que ha cifrado en más de 20 millones de euros.

Tal decisión (de no incluir la exención del IBI sanitario) ha sido adoptada, según ha indicado, teniendo en cuenta en todo caso que es "necesario" reivindicar al Gobierno central una "sustancial mejora" de la financiación municipal, así como la apertura de un "debate nacional" en cuanto a la financiación de las haciendas locales.

También ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno autonómico tras reconocer, ha dicho, los "beneficios directos" e "indirectos" que supone para los municipios la localización de "grandes" servicios sanitarios en sus localidades.

Finalmente, Blanco-Morales ha indicado también que "en otro momento" la Junta volverá a "hablar" de la exención del IBI sanitario que ahora no se incluye en el proyecto de ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de Extremadura.

"Delante de ese otro momento hemos puesto dos grandes cuestiones que tiene que afrontar el Gobierno de la nación, que son la reforma del sistema de financiación autonómica garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos, por supuesto los esenciales pero no sólo, y la reforma de la ley de haciendas locales que permita dar un respiro a los ayuntamientos... y después ya veremos", ha explicado.