Resulta conveniente hacer de vez en cuando un cierto ejercicio de catarsis “existencialista” sobre la realidad de nuestra razón de ser. Esta aseveración se ajusta a cualquier tipo de Ente o unidad a la cuál podamos mirar en sus diversos niveles de complejidad.
Podemos partir por lo tanto de la más mínima expresión de concreción, la del propio individuo, y así seguir avanzando en el escalafón estructural que nos confina como seres gregarios que nacen, crecen se reproducen e incluso mueren en torno a una comunidad organizativa superior.
Precisamente es a ese nivel donde pretendo llegar en mi discusión, considerando el concepto geopolítico amparado dentro de esas nueve palabras objeto del análisis de hoy, que según la RAE en su segunda acepción, corresponde al “conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”, y que traducido a un enfoque nacional propio y específico español, hablamos de cada una de las diecisiete porciones en las que actualmente se divide la nación más vieja de Europa.
No descubrimos la pólvora si decimos que nos encontramos inmersos en un período de reafirmación como país, una especie de “pubertad tardía” en el que los españoles nos estamos revelando contra el “stablishment” articulado hace cuarenta años, y al que tenemos en el centro de la diana por múltiples factores.
Precisamente, quiero destacar hoy unos de los problemas estructurales de peso que más nos inquieta, y que es parte del problema de este “existencialismo patriótico”; me refiero al modelo actual de organización administrativa que tenemos como país.
No estamos hablando de un fenómeno nuevo ya que este discurso ha estado siempre sobrevolando la esfera política desde el comienzo de la democracia de una mayor o menor medida, aunque es ahora cuando más suenan los cantos de sirena que ponen en tela de juicio incluso la continuidad de un modelo que ha servido durante estos cuarenta años de democracia.
Realmente se ha llegado a la escala máxima de confrontación en los últimos tiempos de una manera disparatada, siendo el núcleo de esta crisis una de las regiones que hasta hace bien poco se caracterizaba por haber sabido gestionar la pluralidad en términos de opiniones encontradas en el asunto identitario, e incluso haberle sacado partido para sus intereses particulados en el país de las autonomías; Cataluña. En esta situación compleja en la que vivimos hoy, hemos de buscar la responsabilidad de meternos en este callejón sin salida en quienes han sembrado un mensaje absolutamente delirante, sesgado y partidista desde el planteamiento nacionalista, pero también en aquellos que no han hecho nada por contradecirlo; es más, han contribuido a fomentar su expansión exponencial tanto por la actitud inmovilista basada en la defensa del espíritu nacional de unos, como por esa “nueva manera de hacer política” que tienes otros, avalando las tesis de la gran trampa que se denomina “ el derecho a decidir”, curiosa expresión para definir el proceso que sustenta el atropello más injusto que podamos imaginar desde un concepto socioeconómico, la desmembración de nuestro país en los términos actuales.
Mantengo esta posición de firmeza ante este problema alejándome de cualquier tipo de espíritu patriota que venga sostenido por argumentos de bandera o himno, ya que entiendo que, francamente, cada individuo debe ser libre de sentirse cómodo bajo cualquier emblema, pero hay una realidad de peso que va más allá de toda esta polémica que emerge por sus propios medios a poco que realicemos un análisis evolutivo de nuestro modelo de país.
España es una nación con una estructura atomizada resultado de la evolución histórica de un pueblo que por sus circunstancias socioeconómicas, ha desembocado en una red de territorios asimétricos en cuanto a sus capacidades de desarrollo.
Este es un hecho irrefutable que bien lo explica el Economista vasco Domingo Gallego en su libro “Más allá de la Economía de Mercado”. Gallego sostiene que la configuración de nuestro país no es más que el fiel reflejo de la existencia de dos polos de desarrollo de la España agraria durante los siglos XIX y XX, y que habrían actuado como fuerzas que condicionaron la evolución del país hacia dos modelos diferentes, uno más emprendedor, “territorialista”, asociacionista y colaborativo, el del norte del país, y otro totalmente contrario desde esta perspectiva en el sur.
Claramente, se demostraría así la mercantilización de la sociedad española, quien se habría estructurado considerando dos paradigmas económicos antagónicos. Esto explicaría no solo la configuración política del territorio, sino también el “pedigrí” de la ciudadanía en ambas zonas del país, ya que al fin y al cabo, el comportamiento no es más que el resultado de la interacción de la genética y del factor ambiental.
El tema resulta tremendamente interesante, mucho más para un Biólogo como yo. Habría existido por lo tanto una especie de “cadena homérica” conductual en los diferentes territorios, que explicaría por ejemplo la falta de iniciativa emprendedora que hay en nuestra región. Pero ese no es el objeto de este artículo.
Según Gallego, durante este proceso de transformación agrario, el norte del país basó su crecimiento en un modelo de arrendamientos por parte de los grandes poseedores del capital, un aspecto clave para que entre las clases arrendatarias se establecieran vínculos de cooperación que trascendieron más allá del ámbito estrictamente económico. Realmente fue el origen del asociacionismo obrero en nuestro país. Gracias a este magma, entre otros grandes logros, se pudo establecer un canal de comunicación fluido y atrayente entre estos centros del norte y del resto del país, la clave que explicaría los procesos migratorios que sirvieron para enriquecer todavía más con mano de obra cualificada los territorios “norteños”.
En el Sur, por el contrario, lo que imperó fue un modelo latifundista en el que los grandes terratenientes ostentaban directamente el control de la tierra, y el personal a su cargo pasaría a ser un asalariado más, y por lo tanto con una casuística completamente opuesta que poco invitaba a la propia concepción de “empresario” en potencia.
A partir de ahí, y con el desarrollo económico de los años posteriores, esta doble vía fue condicionando el modelo industrial que actualmente tenemos, donde hay una concentración sustancial de capacidad económica, y por lo tanto de oportunidades, en ciertas regiones del norte del país, y una regresiva situación desde este punto de vista en el tercio sur. A este debemos añadir la dañina política de acondicionamiento urbano en detrimento del entorno rural que llevó a cabo el anterior régimen, así como los privilegios otorgados a los territorios más prósperos que curiosamente se han abrazado a la bandera del nacionalismo. El resultado es el contexto que tenemos hoy, con un país tremendamente asimétrico en cuanto a su estructura socioeconómica.
No hace falta que justifiquemos cuál ha sido el recorrido de nuestra región, lamentablemente siempre en el vagón de cola en términos de oportunidades y en prosperidad económica. Que quede claro que no pretendo justificar nuestra comprometida situación solamente a la base de argumentos historicistas, obviamente influyentes como estamos viendo, pero no determinantes. En nuestro caso, partimos del mismo punto de origen que Andalucía y Castilla la Mancha, por ejemplo, también con un modelo agrario completamente latifundista, pero sin embargo, de esta terna, somos la única región que sigue siendo objetivo número uno para Europa después de treinta años a la hora de recibir fondos estructurales, al mismo nivel que países como Polonia. Esto debería ser motivo suficiente para levantar un debate que nos ayudara a entender qué estamos haciendo mal desde Extremadura, aunque es un tema sobre el que no quiero entrar en este artículo.
Volviendo a la valoración de nuestro modelo de nación, debemos decir que está claro que somos un país que nos hemos hecho a nosotros mismos, con una distribución asimétrica de riquezas entre los territorios fruto del desarrollo evolutivo conjunto de todo el país, que ha querido o ha podido crecer en el sentido que actualmente tiene, y por lo tanto, poner sobre la mesa el debate de la secesión unilateral (y no hablo en términos legales, hablo desde un punto de vista teórico) en estas condiciones, sin dar cabida al conjunto de todos los territorios, es cuando menos injustificado ya que todos tenemos intereses en todos los territorios de país.
Obviamente, esa posibilidad es impensable en los términos actuales, ni tan siquiera interesa plantearlo por unos y por otros, pero sin duda ninguna sería lo más justo.
¿Pero como podríamos llegar a un punto de encuentro que permitiera abordar este gran problema del asunto identitario de una manera absolutamente natural con extensión del debate a escala nacional? Yo me inclino por pensar que en el medio de un escenario completamente diferente al actual, más justo e igualitario entre territorios, y eso, sin duda ninguna, se daría bajo el marco de un modelo en el que cada región tuviese la misma capacitación y riqueza potencial en términos de recursos que el resto. En esa coyuntura, ya no tendría sentido recurrir a “las herencias históricas” para afianzarse en las posturas inmovilistas, y se podría llegar a un grado de cohesión absolutamente favorable que permitiera poner sobre la mesa el debate secesionista sin ningún tipo de reticencia por todos los territorios del país, pero está claro que es muy probable que este hipotético escenario no interese a determinados núcleos de poder que habitan en los polos opuestos del entendimiento.
