La Junta de Extremadura considera que el protocolo antidesahucios está demostrando que es un "buen instrumento" para evitar los desahucios de aquellas personas que no pueden pagar, recuperar viviendas ocupadas ilegalmente y poder asegurar un hogar digno a todos los solicitantes de viviendas sociales.
En este sentido, lamenta que Podemos no haya suscrito este protocolo, pese a estar firmado por las plataformas ciudadanas que defienden políticas activas contra los desahucios.
Cabe recordar que Podemos ha lamentado este jueves en una nota de prensa la "ineficacia absoluta" del protocolo anunciado a finales de 2015, al tiempo que ha reafirmado que "la política de vivienda de Vara es la misma que la de Monago".
Sin embargo, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales "desmiente rotundamente" que se haya producido "ningún lanzamiento o desahucio de familias en Mérida, ya que la vivienda en cuestión no se encontraba ocupada". Sobre esa vivienda, sita en la calle Juan de la Cosa, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo tenía "un auto judicial de entrada por ocupación ilegal".
Ante esta circunstancia y en aras de "la cautela y la prudencia" que la Junta de Extremadura adopta en estos casos, "durante meses se hizo un seguimiento para constatar si efectivamente había alguien viviendo en ella".
"Una vez confirmado por los funcionarios que no había nadie viviendo en ella, se procedió en el día de ayer a la apertura de la vivienda con el fin de recuperarla para el parque de viviendas de la Junta", explica la Junta e una nota de prensa.
Tres horas después de proceder a esa "recuperación", se personó una mujer que decía que la vivienda es suya, si bien se comprobó que ella, su pareja y sus dos hijos son adjudicatarios de otra vivienda social en otro de los barrios de Mérida.
En la mañana de este jueves, las llaves de esta vivienda recuperada han sido entregadas a una familia que se encontraba pendiente de adjudicación directa de vivienda a propuesta del Ayuntamiento de Mérida.
Asimismo, la familia que reclamaba esa vivienda, que no ocupaban y que no tenían adjudicada, ha sido atendida en la Secretaría General de Vivienda, donde se les ha trasladado que se atenderá su petición de cambio de vivienda, de la que tienen adjudicada legalmente en la calle Juan Canet a otro barrio de la ciudad.
Una vez aclarada esta actuación, la Junta anima a los extremeños a "cotejar, con esta información, si existen o no diferencias entre la política que se sigue en esta legislatura con la que había en la anterior", durante el gobierno del PP.
"El protocolo antidesahucios firmado con los colectivos sociales más representativos que trabajan en este ámbito es una de esas diferencias", remarca la Junta.
