Medio centenar de ciudadanos de Cáceres se han constituido en la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Servicios Públicos que pretende "frenar la obsesión" de concesionar a empresas privadas servicios municipales (como el agua, el bus o la limpieza), ya que considera que esto hace que merme la "calidad" del servicio y que mengüe la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a estos departamentos porque "priman los intereses empresariales".
Así lo ha explicado este jueves, uno de los miembros de la plataforma, Manuel Cruz, quien ha añadido que otro de los cometidos de la nueva organización ciudadana será solicitar al ayuntamiento cacereño los datos de las plantillas de las empresas que tienen concesionados estos servicios, además de trabajar para "convencer" a los ciudadanos de que "tienen que estar vigilantes y atentos" a las condiciones contractuales de estas empresas porque está en juego el dinero público.
Cruz, conocido activista cacereño que fue concejal de Izquierda Unida, ha reprochado que se diga "siempre la misma cantinela" de que la privatización de servicios sale "más barata" que la gestión municipal, ya que, a su juicio, "esto no es cierto", porque según defiende los beneficios económicos que obtienen estas empresas podrían redundar en inversiones para la ciudad en el caso de que la gestión fuese municipal.
Además, la plataforma pedirá que las personas que trabajen en las empresas concesionarias accedan por una convocatoria pública de empleo "en igualdad de condiciones y premiando la capacidad y los méritos", ya que "el dinero por el que se les paga es público", al igual que otros trabajadores municipales.
"Las plantillas se nutren con familiares y amiguetes y el trabajador está al servicio de quien lo ha colocado en el puesto del trabajo y no al servicio de la ciudad", subrayó Cruz en la rueda de prensa en la que se ha presentado esta plataforma y en la que ha estado acompañado por otros miembros de la organización ciudadana.
Tampoco comparten los tiempos de concesiones, que en muchos casos superan los veinte años, porque consideran que esto supone "blindar el contrato" y atar de pies y manos a los futuros gobiernos municipales que "no pueden tomar decisiones" porque supondrían rupturas contractuales e indemnizaciones millonarias a las empresas.
La plataforma pretende estar "vigilante" ante posibles "irregularidades" que se puedan cometer con las concesiones de estos servicios públicos y, en este sentido, apunta a que se pedirá información al consistorio sobre las plantillas actuales de estas empresas para saber si prestan servicios en la capital cacereña o, según sospechan, pueden también en algún caso trabajar para otras localidades.
Para que esta nueva organización tome peso en la sociedad cacereña, se pretende también impulsar la puesta en marcha del Reglamento de Participación Ciudadana para promover asambleas en los distritos, tal y como contempla el reglamento, y movilizar a los ciudadanos a que se impliquen en el buen funcionamiento de los servicios públicos que se prestan.
